El juicio que expone los edificios y el hotel de Santa Cruz en la causa Kirchner

La segunda jornada del juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, que se sigue ante el Tribunal Oral Federal N.º 5, puso el foco en las operaciones inmobiliarias de la familia Kirchner en Santa Cruz. La Fiscalía detalló cómo se habrían utilizado propiedades en Río Gallegos y El Chaltén para recibir millones de pesos, según la acusación que aún debe ser probada en el debate.

Entre los principales acusados figuran la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. La investigación intenta determinar si las sociedades familiares sirvieron para recibir fondos de contratistas del Estado y darles apariencia legal.

Los números de Los Sauces

Uno de los datos que expuso la acusación es que Los Sauces S.A. registró ingresos por alquileres por $25.968.042,30 entre enero de 2009 y marzo de 2016. De ese total, el 65% provenía de empresas vinculadas al Grupo Indalo y el 23% de compañías relacionadas con Lázaro Báez, de modo que ambos grupos concentraban el 88% de la facturación analizada.

La Fiscalía sostuvo que esos contratos habrían formado parte de un circuito de transferencia de fondos desde empresas contratistas del Estado hacia la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner. Esa hipótesis de lavado de activos es la que deberá ventilarse durante el juicio.

Río Gallegos: los edificios de Alvear y Moreno

La acusación mencionó inmuebles en las calles Alvear y Moreno de la capital santacruceña. Según el relato fiscal, el edificio de Alvear fue alquilado a Kank y Costilla, mientras que el de Moreno se arrendó primero a Loscalzo y Del Curto y luego a Austral Construcciones.

Los pagos atribuidos a esas firmas habrían alcanzado aproximadamente $1,99 millones, $1,69 millones y $323.915, respectivamente, en los períodos analizados. Para los investigadores, esas contrataciones integraban el mismo mecanismo de transferencia de dinero.

El Chaltén y el hotel La Aldea

El expediente también incluye el hotel La Aldea, en El Chaltén, una de las localidades turísticas más importantes de Santa Cruz. De acuerdo con la acusación, el establecimiento fue alquilado a través de empresas vinculadas al entramado comercial investigado, como Valle Mitre e Idea.

Los fiscales buscan establecer si esas contrataciones respondían a una actividad económica genuina o si formaban parte de un mecanismo para transferir dinero a las sociedades de la familia Kirchner. La conexión con El Chaltén se suma a los hoteles de El Calafate que integran la causa Hotesur, donde también se investigan contrataciones y pagos con empresas del entorno de Báez.

Así, Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén aparecen como puntos centrales de los negocios inmobiliarios y turísticos que examina la Justicia federal.

Las objeciones al funcionamiento de Los Sauces

Durante la lectura del requerimiento de elevación a juicio, la Fiscalía cuestionó que Los Sauces no habría tenido inicialmente una estructura empresarial acorde con su actividad inmobiliaria. Señaló la ausencia de una sede operativa y de personal propio durante parte del período investigado, pese a la cantidad de inmuebles y operaciones que se le atribuyen.

También planteó que algunas propiedades se habrían adquirido para uso personal de integrantes de la familia y no para una explotación comercial habitual. Para el Ministerio Público Fiscal, esas circunstancias son indicios que deben analizarse junto con los contratos, los movimientos bancarios y los vínculos entre las empresas involucradas.

Sin embargo, las afirmaciones corresponden a la acusación y no representan hechos judicialmente probados en este proceso.

Cuándo sigue el juicio

El Tribunal Oral Federal N.º 5 fijó la próxima audiencia para el lunes 2 de noviembre a las 10:00. En esa jornada continuará la lectura de la acusación de Los Sauces y luego se avanzará sobre el expediente Hotesur, tras la unificación de ambas causas.

Completada la exposición de las acusaciones, el proceso entrará en la etapa de declaraciones de los imputados y las siguientes instancias del debate oral. El juicio deberá determinar si las operaciones inmobiliarias y hoteleras investigadas fueron actividades comerciales legítimas o si se usaron para canalizar fondos de origen ilícito.

Para Santa Cruz, el proceso tiene una dimensión particular: parte de los inmuebles, hoteles, empresas y contratos que analiza la Justicia están directamente vinculados con la actividad económica de la provincia.