El juicio que expone cómo se manejaban las multas en el Juzgado Contravencional N.º 1
Todo parecía un pago oficial o una donación a una institución pública. Pero el dinero de las multas contravencionales nunca llegaba a las arcas del Estado. Este jueves empieza el juicio que busca desentrañar quiénes estaban detrás de la maniobra y cómo se manejaban los expedientes.
Ocho personas se sientan desde este jueves en el banquillo por una presunta asociación ilícita que habría vaciado las arcas provinciales a través del cobro irregular de multas contravencionales. La investigación, que comenzó en 2024, apunta a una estructura que habría engañado a ciudadanos y desviado fondos públicos.
El debate oral y público que arranca este jueves 12 de noviembre tendrá como eje una hipótesis que sacude a la administración de justicia jujeña: durante los primeros ocho meses de 2024 habría operado una organización dedicada a captar a personas con multas contravencionales pendientes, hacerles creer que pagaban de manera oficial o que donaban a instituciones públicas, y quedarse con ese dinero.
Según la acusación del fiscal Diego Funes, al frente de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública, los pagos nunca ingresaban a las cuentas oficiales. En cambio, el dinero habría ido a parar a cuentas personales, billeteras virtuales o directamente al bolsillo de los implicados en efectivo.
El modus operandi que investigan
La pesquisa sostiene que los acusados no solo se quedaban con el dinero de las multas, sino que además adulteraban legajos para simular que las sanciones habían sido canceladas. En la mayoría de los casos, los expedientes habrían sido destruidos, lo que dificultaba el rastreo.
A esto se suma una segunda línea de investigación: presuntas maniobras de lavado de activos para darle apariencia legal a los fondos obtenidos de manera irregular. La causa busca determinar cómo funcionaba el circuito de cobro y quiénes participaban.
Los acusados y sus responsabilidades
La acusación alcanza a ocho personas con distintos grados de participación. El señalado como presunto cabecilla es M. D. Y., quien enfrenta cargos por asociación ilícita, fraude a la Administración Pública y lavado de activos agravado por su pertenencia a la asociación, todos en concurso real.
Otros cinco imputados están acusados por los mismos delitos, con agravantes para dos de ellos por su condición de funcionarios públicos. Los dos restantes llegan a juicio por asociación ilícita y fraude a la Administración Pública, respectivamente.
De acuerdo con el parte judicial, tres de los acusados ya reconocieron su autoría en los hechos y firmaron acuerdos de juicio abreviado entre la Fiscalía y sus defensas. Esos pactos fueron homologados por el juzgado interviniente.
El pasado del principal imputado
M. D. Y. tiene un historial que lo vincula al ámbito judicial y policial. Se desempeñó primero como personal policial y luego cumplió funciones administrativas en el Juzgado Contravencional N.º 1, el mismo organismo donde habrían ocurrido las maniobras investigadas.
Actualmente cumple una condena firme de siete años de prisión por chantaje, uso de documento falso y estafa procesal, delitos que corresponden a otra causa sin relación con este expediente.
En el marco de esta investigación, M. D. Y. también declaró como imputado colaborador. Sin embargo, desde la Fiscalía señalaron que sus dichos no aportaron elementos relevantes y que la información proporcionada aún no pudo ser corroborada.
Qué se espera del debate
El juicio oral y público permitirá analizar las pruebas reunidas durante la investigación y determinar las responsabilidades penales de cada uno de los acusados. La causa busca esclarecer cómo habría funcionado el circuito de cobro irregular de multas y el supuesto desvío de fondos públicos desde el organismo contravencional.
