El juicio por espionaje bonaerense que esperaba fecha ya tiene nuevo calendario: quiénes se sientan en el banquillo
El juicio por las presuntas maniobras de espionaje en la provincia de Buenos Aires ya tiene nuevas fechas, pero el cronograma se estiró una vez más. Mientras los acusados esperan sentarse en el banquillo, un exjuez damnificado se prepara para volver a tribunales. ¿Qué encontraron en el allanamiento que dio origen a todo?
El Tribunal Oral Criminal II de La Plata reprogramó el debate oral por las presuntas maniobras de inteligencia ilícita y fijó las audiencias para los días 6, 7, 8 y 9 de octubre de 2026. La decisión posterga el cronograma original en una causa que promete exponer cómo se habría espiado a jueces, dirigentes y empresas desde el propio Estado provincial.
En el banquillo de los acusados estarán Guillermo Berra y Rosario Sardiña, procesados por peculado y abuso de autoridad. Ambos ocuparon cargos estratégicos en la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal y del exministro Cristian Ritondo. Para defenderse, designaron al abogado Marcelo Peña.
Un damnificado de peso
Entre los damnificados que se presentarán en el proceso aparece el exjuez de Garantías César Ricardo Melazo, quien volverá a los tribunales penales platenses bajo la figura de particular damnificado. El exmagistrado integra la extensa nómina de personas perjudicadas por estas prácticas irregulares.
La investigación se remonta al 23 de octubre de 2019, cuando la fiscal Cecilia Corfield lideró un allanamiento en la sede de Asuntos Internos. En ese operativo, los peritos secuestraron una gran cantidad de documentos y descubrieron un registro detallado de individuos investigados a nivel patrimonial sin la orden previa de un juez.
Más de mil consultas en bases privadas
El análisis posterior de las evidencias constató la existencia de más de mil consultas realizadas en bases de datos privadas. Esas operaciones habrían servido para extraer información confidencial de magistrados, dirigentes sociales, referentes políticos, empresas y organismos estatales.
El expediente avanza en un contexto de fuertes reclamos sociales para obtener fallos justos y en plazos razonables. Con las nuevas fechas confirmadas, el tribunal busca esclarecer una serie de presuntas maniobras de inteligencia ilícita que salpican a la cúpula de la seguridad provincial de aquellos años.
