El juicio contra Agustín Raimondo vuelve a caerse: la denunciante estalla y crece la polémica

El debate oral contra el empresario de medios Agustín Raimondo, acusado de lesiones en contexto de violencia de género y desobediencias, se suspendió otra vez. Florencia Mascioli, su expareja y denunciante, esperaba que comenzara este miércoles en los Tribunales de La Plata, pero la ausencia del defensor del imputado lo impidió.

Fuentes judiciales confirmaron a este medio que el abogado de Raimondo sigue de viaje, por lo que no se pudo diagramar el arranque del proceso. Según explicaron, iniciar el juicio en estas condiciones afectaría el derecho de defensa del acusado.

Mascioli había anunciado días atrás que el Tribunal Oral en lo Criminal I tenía previsto comenzar el 20 y 21 de agosto. Sin embargo, la nueva postergación deja sin certezas sobre cuándo se realizará el debate.

Cuatro años de espera y una prescripción en el horizonte

La situación genera un fuerte malestar entre quienes acompañan a Florencia Mascioli, que lleva cuatro años esperando que se haga justicia. Además, algunas de las desobediencias que se le imputan a Raimondo podrían prescribir el mes próximo, lo que jugaría a favor del empresario.

Carlos Quirós, abogado de la denunciante, cuestionó que no se haya avisado con anticipación la ausencia de su colega y expresó su preocupación por una eventual demora del proceso.

Denuncia cruzada contra la jueza del caso

En medio de este contrapunto judicial, los padres de Raimondo presentaron una denuncia contra la jueza Cecilia Inés Sanucci. En el escrito, al que accedió este diario, piden que se investiguen supuestas irregularidades durante la preparación y el desarrollo del debate.

Mónica Belcastro y Héctor Raimondo aclararon que no buscan revisar decisiones judiciales por los canales naturales, sino analizar si ciertas conductas de Sanucci podrían ser incompatibles con los deberes de imparcialidad, prudencia, independencia, mesura y respeto por el derecho de defensa.

En cuanto a la perspectiva de género, los padres del acusado señalaron que no cuestionan la obligación de los magistrados de aplicarla cuando corresponda, pero sostienen que debe convivir con garantías como la presunción de inocencia, el debido proceso y “la igualdad de armas” entre las partes.