El juez Vázquez se declaró incompetente por las parcelas de Península de Magallanes y ahora define la Corte

El juez federal Claudio Vázquez se declaró incompetente en la causa que involucra a dos parcelas ubicadas en el área de Península de Magallanes, en Santa Cruz, después de que cuatro diputados de la oposición presentaran un amparo. La resolución, conocida este viernes, dejó abierta una pregunta central: quién tiene la última palabra sobre el expediente.

En diálogo exclusivo con La Opinión Austral, el magistrado explicó el razonamiento que lo llevó a apartar a su juzgado del caso. "Me declaré incompetente porque al estar demandada la provincia la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene competencia originaria y no otro Tribunal o Juzgado", sostuvo.

La presentación de los diputados ante el Juzgado Federal puso sobre la mesa una cuestión técnica: la competencia judicial. Cuando una provincia es demandada y se reúnen los requisitos constitucionales, la Corte Suprema puede intervenir de manera originaria, conforme al artículo 117 de la Constitución Nacional.

Qué pasa ahora con el expediente

Vázquez aclaró que será el máximo tribunal del país el que deba determinar si le corresponde intervenir. "Si la Corte Suprema entiende que no lo es, va a devolver el expediente a mi Juzgado. Es un trámite que tramita únicamente en la Corte", agregó.

Con su decisión, el juez dejó planteada la intervención del máximo tribunal, que deberá resolver si asume el tratamiento del caso o si devuelve las actuaciones al juzgado de origen.

La medida que alcanza a los inmuebles

Otro de los puntos que generó consultas fue la orden del juez al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz para que se abstenga de inscribir transferencias y otros derechos reales sobre las dos parcelas de Península de Magallanes.

Al explicar el alcance de esa disposición, Vázquez señaló ante este medio: "Lo que hice fue el de adoptar una medida para evitar que al momento de resolver la Corte la pretensión de la actora no se transforme ilusoria, abstracta".

La medida busca preservar la situación de los inmuebles mientras se define qué tribunal debe intervenir. Así, se procura evitar que, durante el tiempo que demande la resolución sobre la competencia, se produzcan cambios que puedan afectar el objeto del planteo presentado.

Este tipo de medidas de resguardo apunta a garantizar la tutela judicial efectiva y a evitar que una eventual decisión posterior pierda eficacia por el transcurso del tiempo.

La declaración de incompetencia no implica por sí misma una resolución sobre el fondo de la controversia. El paso siguiente será que la Corte Suprema determine si asume la competencia originaria o si devuelve el expediente al juzgado federal para que continúe su trámite.