¿Qué pasará con el juez que recibió el pedido de la defensa de Ruiz por el Acueducto Gran Tulum? El Senado tiene la llave de su futuro y su salida de Comodoro Py podría cambiar el rumbo de la causa.
El nombre de Daniel Rafecas volvió al centro de la escena judicial. El Gobierno nacional envió al Senado su pliego para que integre la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, un movimiento que lo alejaría de los tribunales de primera instancia y, por lo tanto, de su rol actual en Comodoro Py.
La propuesta, impulsada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, busca cubrir la Vocalía 7 del tribunal y se apoya en el concurso que el propio Rafecas realizó en 2018 para acceder a ese puesto. El pliego lleva las firmas del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Si el Senado le da el acuerdo, Rafecas dejará de conducir investigaciones penales para abocarse a revisar sentencias y resoluciones de otros tribunales. El cambio no es menor: su nombre quedó ligado a una causa sanjuanina de alto voltaje.
El pedido que llegó desde San Juan
En octubre pasado, la defensa de Sergio Fabián Ruiz —expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y uno de los investigados por las presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum— presentó un planteo ante Rafecas. El abogado Mohamed Nasser Uzair solicitó que la causa, que tramita en la Justicia provincial, pase al fuero federal.
El argumento central: una parte significativa del financiamiento de la obra provino de fondos nacionales y de créditos internacionales respaldados por el Estado argentino. Ante esa presentación, el magistrado pidió información a las autoridades judiciales sanjuaninas para conocer el objeto y el estado de la investigación antes de decidir si correspondía la intervención federal.
La respuesta del fiscal Sebastián Gómez encendió una nueva chispa. Gómez explicó que no podía brindar mayores precisiones porque la investigación penal preparatoria aún no había sido formalizada y que revelar datos podía comprometer el proceso y las garantías de los investigados.
Denuncia cruzada y causa paralela
Esa negativa derivó en una denuncia penal de Ruiz contra el fiscal sanjuanino. La presentación quedó radicada en el fuero federal y consignó cuatro presuntas figuras delictivas: resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
La denuncia abrió una investigación paralela en Comodoro Py, aunque no implica que Gómez haya sido declarado responsable de esos delitos. En tanto, la Fiscalía General de San Juan defendió el accionar de los fiscales que llevan adelante la causa provincial.
Cuatro décadas de trayectoria
Rafecas inició su carrera judicial en 1986 y lleva más de veinte años como juez federal. A lo largo de ese recorrido intervino en expedientes de enorme repercusión pública, vinculados con corrupción, delitos de lesa humanidad, terrorismo y libertad de prensa.
Entre los casos más resonantes en los que participó se cuentan las coimas en el Senado, el caso Ciccone, los gasoductos vinculados a Odebrecht y la investigación por los bolsos del exsecretario de Obras Públicas José López. También tuvo intervención en expedientes por los crímenes del Primer Cuerpo del Ejército y el atentado contra la AMIA. En los últimos años, dispuso el archivo de denuncias presentadas por el presidente Javier Milei contra periodistas.
Su eventual llegada a la Cámara Nacional de Casación implicaría un giro en sus funciones: dejaría de conducir investigaciones penales en primera instancia para revisar las decisiones de otros tribunales. Por ahora, todo depende del tratamiento legislativo. Mientras tanto, su nombre sigue atado a uno de los capítulos judiciales que sumó el Acueductogate en San Juan.
