El juez que no se detuvo: rechazaron suspender la audiencia y la causa contra el intendente Castro sigue firme
¿Qué pasó en la audiencia que definió el futuro del intendente de Angaco? El juez no se dejó convencer y la causa sigue su curso. Conocé todos los detalles de este caso que sacude la política sanjuanina.
La Justicia de San Juan dio un paso clave en la investigación contra el intendente de Angaco, José Castro, y otros tres imputados. El juez rechazó el pedido de suspensión de la audiencia y avanzó con la formalización de la causa, en medio de un intenso debate entre las defensas y la Fiscalía.
Todo comenzó cuando los abogados de los imputados solicitaron frenar el acto hasta que la Corte de Justicia de San Juan resuelva un recurso de casación. Argumentaron que seguir adelante mientras ese recurso estuviera pendiente generaría un trámite innecesario. La discusión se prolongó por varios minutos e incluso derivó en un cruce de opiniones entre las partes.
Sin embargo, el magistrado no dio lugar al planteo y decidió continuar. Con esa resolución, hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Nicolía, quien solicitó formalizar la Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra Castro y los otros tres acusados.
¿Qué delitos se les imputan?
De manera provisoria, a José Castro se le atribuyen los delitos de supuesto abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. En tanto, para los otros imputados —De los Ríos, Paredes y López— la investigación es por abuso de autoridad y encubrimiento, en calidad de coautores.
Durante su exposición, el fiscal Nicolía también solicitó ampliar el plazo de la IPP. “Voy a solicitar que sea por el plazo de siete meses, siempre haciendo la salvedad, señoría, de que si la Fiscalía toma una decisión en un tiempo inferior, obviamente no será necesario agotar ese plazo”, manifestó.
Además, pidió mantener las medidas de coerción que ya pesan sobre los imputados. “Manteniendo también, señoría, el pedido de medidas de coerción de los imputados, que era la del inciso primero del artículo 295”, expresó el fiscal.
¿Qué viene ahora?
El juez fijó un plazo de siete meses para que el Ministerio Público Fiscal reúna pruebas y determine si existen elementos suficientes para presentar una acusación y solicitar la elevación de la causa a juicio. Durante ese período, la investigación continuará su curso, mientras la defensa evalúa los próximos pasos.