El juez que habilitó la feria para el pacto Milei-Lewis ahora enfrenta una denuncia
¿Qué irregularidades ocultó la homologación exprés que firmó el juez Walter Lara en plena feria judicial?
La legisladora rionegrina Magdalena Odarda presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Walter Lara Correa, del fuero Contencioso Administrativo Federal, por su intervención en la homologación de un acuerdo confidencial entre el Gobierno nacional y el empresario británico Joe Lewis. Ese pacto, sellado en enero pasado, puso fin a una acción de lesividad que el propio Estado había iniciado en 2023 contra la compra de 12.000 hectáreas en una zona de seguridad de frontera, donde se encuentra la mansión de Lago Escondido.
Según la denuncia, Lara Correa habilitó la feria judicial para dar curso al acuerdo, pese a que el fiscal había rechazado la existencia de urgencia, y lo hizo sin permitir el acceso público al expediente. La homologación recién salió a la luz cuando El Destape accedió a los documentos del acuerdo secreto.
Un juez que saltó a otro juzgado
Odarda sostiene que Lara Correa se atribuyó competencias que no le correspondían, ya que la causa estaba en manos de Rita María Teresa Ailín, titular del juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4. La legisladora señala que el juez actuó para sellar el acuerdo entre Lewis y Milei que extinguió la investigación por la compra fraudulenta de las tierras, ubicadas en una zona de seguridad de frontera y que rodean el Lago Escondido, un bien de dominio público cuyo acceso libre y efectivo está vedado a la ciudadanía.
“La homologación cuestionada no sólo extinguió una acción de lesividad relativa a la adquisición de miles de hectáreas ubicadas en una Zona de Seguridad de Frontera, sino que consolidó, al menos en los hechos, la situación dominial de Hidden Lake S.A. sobre las tierras que circundan el lago, mientras la ciudadanía continúa sin contar con un acceso público libre y efectivo al mismo”, argumentó Odarda en su presentación.
La sombra de los Huemules
Walter Lara Correa se suma así a la lista de jueces vinculados al llamado “lawfare” que veranearon en Lago Escondido. En enero de este año, sin haber viajado con el grupo conocido como “Los Huemules”, habilitó la feria judicial para homologar el acuerdo entre Milei y Lewis, una decisión que Odarda cuestiona con una pregunta concreta: “¿Qué circunstancia hacía indispensable que la decisión destinada a extinguir aquella acción fuera adoptada durante la feria judicial, sin esperar siquiera la reanudación de la actividad ordinaria pocos días después?”.
La denuncia también destaca que, para la misma fecha, Lara Correa rechazó habilitar la feria en otro expediente, el vinculado al DNU 941/2025 sobre la SIDE, donde no encontró urgencia. Una doble vara que, según la legisladora, merece ser investigada.
El historial de Lewis
Joe Lewis no solo se quedó con las 12.000 hectáreas de Lago Escondido, sino que también fue dueño de una pista de aterrizaje en la costa de Río Negro, administrada por su testaferro Nicolás Van Ditmar, y que luego vendió a capitales de los Emiratos Árabes Unidos. Además, controla los caminos de acceso al lago, permitiendo únicamente un camino de ripio al que se llega tras varios días de travesía y con agresiones de un “ejército paralelo” de gauchos a su servicio.
Odarda, que desde hace años litiga para que se habilite el camino Tacuifí, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema tras la revocación de las autorizaciones por parte del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Con esta denuncia, vinculó el expediente por el acceso al lago con la compra fraudulenta ocurrida en 1996.
“La presente denuncia se funda en las graves circunstancias e irregularidades que corresponde investigar en torno a la homologación, durante la feria judicial de enero de 2026, de un acuerdo conciliatorio celebrado entre el Estado Nacional y Hidden Lake S.A. La gravedad de lo ocurrido se intensifica al considerar que el libre acceso al Lago Escondido se encuentra actualmente vedado en los hechos, situación que lleva más de veinte años judicializada sin haber alcanzado todavía una solución efectiva y cuya causa tramita actualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, concluyó Odarda.