El juez que cobraba por liberar narcos: la pena final que lo deja tras las rejas
El exjuez federal de Orán cobraba por liberar narcos y hasta falseó una declaración indagatoria. Ahora la Justicia unificó sus condenas, pero el monto final de la pena y su situación tras las rejas no conforman a todos.
La justicia federal de Salta puso punto final a la historia judicial de Raúl Juan Reynoso, el exjuez federal de Orán que utilizó su cargo para enriquecerse a cambio de favores judiciales. Sus dos condenas firmes, una de 13 años y otra de cinco, quedaron unificadas este jueves 12 de noviembre en una pena única de 16 años y seis meses de prisión, según informó El Tribuno.
Los expedientes que lo llevaron tras las rejas describen un entramado de corrupción en el que el magistrado no dudó en dictar resoluciones ilegales, exigir dinero y aceptar sobornos para beneficiar a personas investigadas por narcotráfico, entre otros delitos.
La primera condena: cobrar a cambio de beneficios judiciales
En 2019, Reynoso recibió una pena de 13 años de prisión por siete hechos de concusión y seis de prevaricato. El Ministerio Público Fiscal lo encontró responsable de favorecer a narcotraficantes mediante decisiones judiciales a cambio de dinero y bienes. Además, se le impuso una inhabilitación de 35 años para ejercer como magistrado.
La concusión, en términos simples, es aprovechar un cargo público para exigir pagos o entregas indebidas. El prevaricato, cuando se trata de un juez, implica dictar resoluciones contrarias a la ley expresa o fundamentarlas en hechos falsos.
La investigación detalló beneficios como excarcelaciones, prisiones domiciliarias y devoluciones de dinero o bienes secuestrados. Todas esas decisiones mejoraban la situación de los imputados en las causas que pasaban por su juzgado.
La segunda causa: sobornos y una declaración falsa
La condena de cinco años, dictada en agosto de 2024 por el Tribunal Oral Federal N.° 2 de Salta, abarcó los delitos de cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público y concusión.
Uno de los hechos involucró a Delfín Reynaldo Castedo. Se acreditó el pago de dádivas al entonces magistrado y la falsedad de un acta de declaración indagatoria, con la que se simuló la comparecencia de Castedo ante la Justicia. En ese juicio también fueron condenados Castedo y su abogado, Luciano Ciscato.
El cohecho pasivo es aceptar dinero, regalos o una promesa de pago a cambio de hacer, demorar u omitir algo relacionado con la función pública. La falsedad ideológica, en este caso, consistió en incorporar información falsa a un documento público: se hizo constar una declaración que Castedo no había prestado personalmente.
La exigencia vinculada con mercadería
La segunda sentencia también incluyó un reclamo presentado por el comerciante Pablo Elías Torres para obtener una autorización judicial relacionada con camiones de mercadería.
El fallo examinó un convenio que comprometía el 5% de lo obtenido mediante la acción judicial a favor de la fundación Esperanza para una vida mejor. El tribunal consideró acreditada una exigencia indebida y condenó a Reynoso por concusión.
Por qué la pena única quedó en 16 años y seis meses
La Fiscalía había solicitado 18 años, la suma de ambas condenas. La defensa, en cambio, pidió que la pena se mantuviera en 13 años.
Según El Tribuno, la mayoría del Tribunal Oral Federal N.° 1 aplicó la legislación anterior a la reforma de 2025, porque los hechos fueron cometidos antes de ese cambio. Utilizó un método que permite valorar las condenas en conjunto y fijó 16 años y seis meses de prisión.
El mismo medio informó que Reynoso cumple prisión domiciliaria y que la resolución dejó pendiente el tratamiento de su pedido de libertad condicional, sujeto al cómputo de pena y a los informes correspondientes.
