El juez lo dejó fuera del penal, pero ahora Salazar tiene 72 horas para mudarse

El juez revisor Martín Arroyo rechazó el pedido de la querella para enviar a la cárcel a Richard Salazar, imputado por un homicidio en El Bolsón, y confirmó que seguirá bajo prisión preventiva domiciliaria. La novedad: la defensa tiene 72 horas para proponer una vivienda distinta a la actual, donde se registraron conflictos de convivencia que terminaron afectando a dos menores.

La resolución se tomó en una audiencia solicitada por la querella en el marco del juicio por el crimen de Julián Salvo, quien murió apuñalado tras un altercado vinculado a la venta de drogas.

De la cárcel al domicilio, con tobillera

Cuando arrancó el proceso, a Salazar le dictaron prisión preventiva. Meses después, la defensa consiguió una medida atenuada: cumplimiento en su casa con monitoreo electrónico. Esa opción no prosperó porque el imputado vive cerca de testigos del hecho.

Ante ese obstáculo, la Justicia evaluó y aceptó alojarlo en el domicilio de una mujer, lejos de su barrio. Allí convivían también dos hijas de la dueña de casa.

Denuncias, menores retiradas y la revisión de la medida

En las últimas semanas aparecieron denuncias por consumo de alcohol y estupefacientes por parte de Salazar, quien además habría protagonizado episodios de maltrato hacia la mujer que lo alojaba y hacia las niñas. Las menores fueron retiradas del lugar por decisión de un juzgado de familia, a partir de una denuncia del padre biológico.

El juez César Lanfranchi ya había descartado, dos semanas atrás, modificar el lugar de detención. La querella pidió revisar esa decisión y Arroyo la ratificó, aunque con la exigencia de encontrar un nuevo domicilio.

La abogada querellante María del Valle sostuvo que hay constancias de que a la vivienda ingresan personas “del ámbito delictivo”, según un informe policial. Remarcó que nadie controla esas visitas ni el ingreso de estupefacientes, y afirmó que “la tobillera no es suficiente” para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar.

También cuestionó que el juez de primera instancia haya señalado que no había “elementos objetivos” para demostrar los incidentes denunciados. Para la letrada, “hay dos presentaciones ante la comisaría de familia”. Aunque no se secuestraron sustancias ni hay test toxicológicos —como observó el magistrado—, entendió que esas serían pruebas para un juicio y “no es el estándar de una medida cautelar”.

Qué dijeron el fiscal y la defensa

El fiscal Francisco Arrien acompañó el planteo de la querella: “se ha incrementado el riesgo procesal” de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

El defensor Hugo Cancino aseguró que “no ha sido acreditado” el consumo de alcohol y drogas por parte de Salazar. Sin embargo, reconoció que su cliente tiene asumida su adicción y que “ha pedido asistencia psicológica”.

El abogado vinculó las denuncias sobre la afectación a las menores con “los problemas de pareja” de la mujer y recordó que ella es empleada policial.

El llanto de la madre de la víctima y la respuesta del juez

Arroyo había comenzado a fundar su resolución cuando lo interrumpió la madre de Salvo. Entre sollozos, le pidió que “no sea garantista” y se quejó de que “esta persona ha recibido muchas contemplaciones”. Acusó al propio juez de ser corresponsable de ese tratamiento supuestamente laxo que su familia “no termina de entender”.

El magistrado le respondió que “no se trata de garantismo sino de cumplir lo que dicen las normas”. Explicó que su función es aplicar las leyes aunque no esté de acuerdo y que “una persona sometida a proceso es inocente, así lo dice la ley, hasta que se realice el juicio. Y debe ser tratada como inocente”.

Además, planteó que “la pregunta que hay que hacerle a las partes es por qué no se avanza más rápidamente hacia el control de acusación” y el juicio oral, instancia que definirá si Salazar es culpable del crimen y debe cumplir pena.

El juez rechazó el pedido de la querella de enviarlo a una unidad penal, pero emplazó a la defensa a encontrar otro lugar para cumplir la prisión domiciliaria, “con conectividad” para garantizar el seguimiento electrónico y alejado de la vivienda de los testigos.