El juez admitió nuevas pruebas contra el titular de ARCA: los detalles que no se contaron

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dio luz verde a las medidas de prueba solicitadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para avanzar en la causa contra el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria. La decisión se conoció horas antes de que el magistrado iniciara una licencia hasta mediados de mayo.

Las medidas incluyen una docena de requisitorias a organismos públicos y entidades privadas en Argentina, así como exhortos a otros países. El foco está puesto en la firma Consultora San Andrés, considerada una posible sociedad pantalla; la subvaluación de un tríplex en el edificio Los Molinos Building, un emprendimiento de Faena Properties en Puerto Madero; y el circuito de fondos entre Argentina, Miami y Emiratos Árabes.

¿Qué pidió la PIA?

La Procuraduría, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, solicitó que ARCA aporte más información sobre Consultora San Andrés SA, la sociedad que controla Vázquez junto a su hermana. También pidió oficios al Colegio de Escribanos para obtener copias de escrituras y papeles de trabajo de los escribanos involucrados en las compraventas inmobiliarias, entre ellos Eduardo Daniel González —quien intervino en la compra del tríplex de Juana Manso— y Rodolfo Mendoca Paz, que participó en las operaciones del Chateau Puerto Madero.

Además, se requirió información a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, la ANMAC (exRENAR) —para conocer quién tramitó el blindaje del BMW y qué usuarios estaban autorizados a manejarlo—, el Banco Central (BCRA), el Gobierno porteño —para reconstruir el historial de infracciones de tránsito y a quién se le descontaron puntos de scoring por los cinco vehículos de Consultora San Andrés—, las empresas de telepase y la Superintendencia de Seguros de la Nación, además de la administradora del consorcio del inmueble de Quilmes donde funciona, en los papeles, Consultora San Andrés.

El pedido internacional

En el plano internacional, el fiscal Rodríguez solicitó exhortos a las firmas Booking.com y Airbnb Ireland, y a los bancos Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo Bank, para obtener extractos de Vázquez y su grupo familiar, y consultar si las firmas panameñas que él controla, Alcorta Corp y Pompeya Group, Corp tienen cuentas allí. También pidió reiterar los pedidos de información al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense y la Inspección General de Justicia (IGJ), y a la sede en los Emiratos Árabes Unidos del banco PNC, al igual que a la Embajada de Estados Unidos, para obtener movimientos migratorios y datos financieros de Vázquez, su entonces esposa y sus hijas. Esto se debe a que Vázquez pasó entre 74 y 89 días fuera del país cada año entre 2018 y 2023, casi siempre en Estados Unidos.

Por último, también se pidió reiterar los oficios ya cursados a la Caja de Valores, a la Dirección Nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), y a las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas, lo que también solicitó el fiscal federal Guillermo Marijuan.

Sin fecha de indagatoria

El juez Martínez De Giorgi no fijó fecha para citar a indagatoria a Vázquez, como requirió el titular de la PIA, el fiscal Sergio Rodríguez, quien sostuvo en su dictamen que “sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”.

La decisión contrasta con las explicaciones que dio el Gobierno, que argumentó que Vázquez ya había sido sobreseído en esta causa y que se trata de una “cosa juzgada”. El asesor Santiago Caputo, valedor de Vázquez en el oficialismo, cuestionó con argumentos similares la información adelantada este domingo.

Antecedentes de la causa

Vázquez estuvo investigado en 2007, cuando era funcionario de la AFIP (precursora de la ARCA) a raíz de su aparición en un listado de personas que habrían movido dinero negro a través de una “cueva” financiera que el BNP Paribas operaba en Buenos Aires. Su nombre aparecía ligado a dos cuentas en el exterior no declaradas, una en Curazao y otra en Luxemburgo. El juez Sergio Torres sobreseyó a Vázquez, luego de indagarlo y considerar que no se podía avanzar en la investigación.

La decisión fue luego revocada por la Sala II de la Cámara Federal, que consideró que todavía existían medidas de prueba pendientes. En 2022, el juez federal Ariel Lijo ordenó sobreseer a Vázquez, no porque se hubiese comprobado que no poseía esas cuentas bancarias, sino por la renuencia de las autoridades de Curazao, Países Bajos y del Gran Ducado de Luxemburgo a responder los exhortos argentinos. En esa investigación no había referencias a sus propiedades en Estados Unidos.

Iniciada a fines de 2024, la investigación judicial busca determinar si Vázquez cometió uno o varios delitos al adquirir y gestionar al menos tres departamentos en Miami por US$2,1 millones que no declaró ante el fisco argentino y la OA. Pero a partir de los datos que surgieron durante la pesquisa, la PIA concluyó que también debe ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos derivados de presuntas dádivas y evasión tributaria.

Andrés Edgardo Vázquez, jefe de la Dirección General Impositiva (DGI)