El jueves hay paro, pero el Gobierno ya avisó qué hará con el sueldo de los que se sumen

El Gobierno nacional confirmó que les descontará el día a los empleados de la Administración Pública Nacional que se plieguen al paro convocado por ATE para este jueves. La medida, que se aplicará bajo el mismo criterio usado en huelgas anteriores, se combina con otra apuesta oficial: acercar posiciones con las universidades para descomprimir el otro gran frente de conflicto.

La estrategia de la Casa Rosada tiene dos carriles bien marcados. Por un lado, mantener la línea dura frente al sindicato. Por el otro, negociar una salida presupuestaria con rectores, docentes y no docentes.

Qué reclama ATE y a qué organismos alcanza

ATE convocó a un paro nacional de 24 horas para el jueves 15 de octubre, con una movilización al Congreso a partir de las 13.30. El pedido central es la derogación completa del DNU 70/2023.

El gremio anticipó que habrá guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en algunos centros asistenciales. También se verán afectados organismos como Migraciones, Senasa, ANSES, PAMI, la CNRT y la ANAC, además de dependencias provinciales y municipales, aunque cada jurisdicción definirá el alcance de la protesta.

Una jornada con tres frentes abiertos

El paro coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria y con la sesión especial que sectores de la oposición intentarán abrir en Diputados para avanzar contra el DNU 70. Desde el oficialismo sostienen que, por ahora, los bloques opositores no reúnen el quórum necesario y trabajan con aliados para evitar que la sesión arranque.

El frente universitario, en cambio, juega con otra lógica. El Gobierno quiere cerrar un acuerdo dentro del Presupuesto 2027 y admite que está dispuesto a aumentar los recursos previstos para las universidades. Lo que rechaza de plano es llevar la partida hasta los aproximadamente $11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional.

La distancia que separa a las partes

El proyecto enviado al Congreso contempla cerca de $7,5 billones para el sistema universitario, mientras que el cálculo de las casas de estudio ronda los $11 billones. La brecha ronda el 32%. Un documento del sector universitario advierte además que la propuesta oficial no cubriría las obligaciones derivadas de la Ley de Financiamiento Universitario ni de las resoluciones judiciales vigentes.

En el Gobierno consideran que la negociación no puede reducirse al monto global de las transferencias. En las conversaciones empezaron a aparecer cuestiones impositivas y previsionales vinculadas con ARCA, además del esquema de aportes patronales que alcanza a las universidades nacionales.

Las casas de estudio cuentan con un régimen especial de contribuciones patronales que converge progresivamente hacia la alícuota general del sector público. La normativa vigente fija para 2026 una alícuota de 13,65%, que subirá a 14,52% en 2027 y seguirá escalando hasta llegar al 17,13% en 2030. En ámbitos universitarios confirman que ese capítulo está bajo discusión, aunque todavía no hay acuerdo sobre posibles modificaciones.

La idea de la Casa Rosada es usar esas variables para construir un entendimiento más amplio que combine fondos, salarios y cuestiones tributarias. En el Ejecutivo esperan que, si se alcanza una solución dentro del Presupuesto, las universidades desistan también del frente judicial abierto por la Ley de Financiamiento Universitario.

El expediente judicial que presiona al Gobierno

Ese expediente se convirtió en uno de los principales dolores de cabeza para el oficialismo. El juez Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a la disponibilidad presupuestaria y ordenó su cumplimiento. El Ejecutivo apeló la sentencia y sostiene que ya avanzó parcialmente sobre las obligaciones salariales y de funcionamiento.

En junio, Capital Humano firmó con el CIN y los gremios un acuerdo que estableció una recomposición de la masa salarial del 24,33%, una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios. También se fijó un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano. En septiembre, el Gobierno sumó una mejora salarial adicional del 3%.

Las diferencias persisten. Referentes docentes y no docentes mantuvieron este martes reuniones con diputados por afuera de la Comisión de Educación para discutir el Presupuesto y calculan una brecha cercana al 30% entre la propuesta oficial y las necesidades del sistema universitario. Los rectores también reclaman que la ley vigente sea incorporada plenamente al cálculo de gastos para 2027.

La apuesta política detrás de la negociación

La Casa Rosada quiere evitar que el conflicto llegue abierto al año electoral. En sectores del Ejecutivo reconocen que la disputa universitaria combina un problema fiscal con un frente político y social, y consideran conveniente cerrar un acuerdo antes de 2027. La posición oficial es que cualquier aumento debe mantener el equilibrio presupuestario y surgir de reasignaciones o recursos disponibles.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que el Ejecutivo seguirá trabajando sobre el financiamiento y afirmó que no recurrirá a emisión ni a mayor endeudamiento para cubrir los reclamos. También pidió que la movilización del jueves se desarrolle de forma pacífica y cuestionó el ingreso de manifestantes al Palacio Pizzurno durante las últimas protestas.

El jueves concentrará así tres frentes para el Gobierno: el paro de ATE, la movilización universitaria y el intento opositor de sesionar en Diputados. La decisión inmediata será descontar el día a los estatales que adhieran a la huelga y sostener la negociación política para evitar el quórum, mientras el Ejecutivo apuesta a separar el conflicto universitario de esa confrontación y resolverlo mediante un acuerdo dentro del Presupuesto 2027.