El "Jetón" manejaba la cárcel de Chimbas como una sucursal: 18 imputados y una fortuna que supera los $800 millones

Una megabanda familiar que operaba desde el interior del Penal de Chimbas quedó a un paso del juicio oral. La organización, integrada por 18 imputados, está acusada de vender cocaína puertas adentro de la cárcel y de lavar activos por $113 millones, con un movimiento total que superó los $800 millones a través de billeteras virtuales.

El Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación y los señalados deberán sentarse en el banquillo del Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan, en una fecha que todavía no se definió. La investigación, a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz, se extendió entre agosto de 2024 y diciembre de 2025. No es la primera causa por estupefacientes en el Penal de Chimbas, pero por su logística y cantidad de integrantes se convirtió en la más grande hasta ahora.

El jefe adentro del pabellón

Según la causa, el cerebro de la estructura era Rodolfo Daniel "el Jetón" Carrizo, identificado como jefe del Pabellón 4, Sector 2, de la cárcel de Chimbas. Desde ahí manejaba las ventas, anotaba las deudas de los internos y escondía la cocaína en el taller de carpintería.

Sus manos derechas dentro del pabellón eran Facundo Martín Torraga y Gabriel Antonio Villarroel, los encargados de vender la droga cara a cara y de cobrar a través de billeteras virtuales.

La plata digital salía del penal por intermedio de Ivana Gabriela Gómez, pareja del "Jetón". Ella llevaba la contabilidad, recibía las transferencias de los reclusos y se ocupaba de comprar bienes.

La pata en los barrios

Afuera, el negocio se extendía con otro tramo del clan: Oscar Nahuel Carrizo, sobrino del "Jetón", y su pareja Carla Luciana Brizuela Robledo coordinaban la compra, el fraccionamiento y la distribución en los barrios Noroeste III (Santa Lucía), 7 Conjuntos II y Villa del Sur (Chimbas).

La red sumaba puestos de venta repartidos en la zona. Marisa Matilde Robledo, suegra de Nahuel Carrizo, atendía el Barrio 19 de Noviembre. Gustavo e Iván Dávila Ochoa distribuían en Villa del Sur. Federico Carrasco Garín y Lucas Pissano cuidaban el búnker principal del Barrio Noroeste III, mientras que Graciela Rocha y Maximiliano Rodríguez Rocha vigilaban un punto secundario en la misma barriada. El narcomenudeo se completaba con Mercedes Roldán y Ramiro Castro González en los alrededores de los barrios 7 Conjuntos I y 19 de Noviembre, con Celina Carrizo a cargo de redistribuir los fondos.

Millones que pasaron por billeteras virtuales

Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, la banda movió más de $800 millones usando plataformas como Mercado Pago y Naranja X. La cuenta de Mauro Dávila Ochoa, por ejemplo, registró ingresos por $247 millones, un promedio de $21 millones por mes sin ninguna actividad formal que los justifique. Desde ahí salieron más de $169 millones hacia proveedores de cocaína en Mendoza. La cuenta de Marisa Robledo, en tanto, funcionó como "caja central" del grupo y movió más de $171 millones.

Testaferros, un auto y terrenos

Para blanquear las ganancias, la red usó como testaferros a Ceferino Oscar Carrizo y María de los Ángeles Andrada, padres de Nahuel Carrizo. Con $113 millones de origen ilícito compraron un Fiat Cronos 0 Km en febrero de 2025 por $21 millones y cuatro parcelas en el Loteo Fénix de Santa Lucía: el Lote 19A ($6 millones), el Lote 19B ($14 millones), los lotes 12C y 12D ($30 millones en conjunto) y la cesión de un contrato por $42 millones a favor de Carla Brizuela Robledo.

Los pedidos de condena

El fiscal Alcaraz reclamó penas duras para los acusados. Para Nahuel Carrizo pidió 10 años de prisión; para Carla Brizuela Robledo, 9; para el "Jetón" Carrizo y Marisa Robledo, 8; para Gustavo Dávila Ochoa, 7 años y 6 meses; para Gabriel Villarroel, 7; y para Facundo Torraga, 6 años y 6 meses. El resto de los eslabones, entre distribuidores y testaferros, enfrenta solicitudes que van de los 3 a los 4 años y medio de cárcel.