El ISJ acumula deudas y quejas: los fondos de 80 mil estatales, bajo sospecha

La incertidumbre sobre el manejo financiero del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) volvió al centro de la escena. La controversia no se limita al monto del agujero fiscal: expone un interrogante clave sobre el recorrido real que tienen las retenciones obligatorias que mes a mes se descuentan a los trabajadores estatales para sostener su cobertura médica.

Las explicaciones oficiales y las advertencias sindicales marchan por carriles opuestos. El dirigente Jorge Ricardo Acosta encendió la alarma al denunciar recortes en las prestaciones y poner bajo sospecha si la totalidad de las retenciones ejecutadas a los empleados públicos ingresa de forma efectiva a las arcas de la institución.

En contraposición, el vocero oficial Alberto Siufi aseveró que las transferencias hacia la entidad se realizan con normalidad, al tiempo que atribuyó las dificultades operativas a un déficit estructural que oscila entre los 3.000 y 4.000 millones de pesos al mes.

Ante la disparidad de relatos, la exigencia de transparencia demanda un mecanismo de verificación directo: hacer pública la planilla mensual de retenciones, precisar la contribución patronal del Estado, transparentar los plazos de acreditación en el ISJ y exponer los estados contables reales de la obra social.

El riesgo de la Cuenta Única y el antecedente de 1997

La falta de certeza sobre el flujo financiero reactivó las críticas hacia el sistema de Cuenta Única de Tesorería. Si bien este esquema se utiliza como una herramienta de manejo centralizado de caja, su implementación genera un severo problema cuando opaca recursos que, por norma jurídica, cuentan con una afectación específica.

El peligro radica en que la centralización de fondos se transforme en una estructura opaca donde resulte inviable auditar qué partidas integran la masa general del Estado y cuáles pertenecen por ley al ISJ. El reclamo no es nuevo en la historia institucional jujeña: en 1997, la Legislatura provincial aprobó una norma orientada a desafectar de manera explícita los recursos de la obra social del Fondo Unificado, disponiendo la apertura de una cuenta especial y fijando un plazo máximo de cinco días tras el pago de haberes para la transferencia obligatoria de los aportes y contribuciones.

¿"Servicio de excelencia" o interrupción sistémica de coberturas?

El argumento oficial sobre el déficit del organismo contrasta fuertemente con la calidad de atención percibida por la comunidad. Mientras la vocería gubernamental argumenta que la obra social opera "a pérdida" pero continúa prestando un servicio óptimo, la experiencia diaria de los afiliados exhibe una realidad distante, signada por recurrentes fallas de cobertura, demoras en autorizaciones y cobro de aranceles diferenciados.

La tensión alcanzó un pico de gravedad institucional en abril de este año, cuando el Colegio Médico de Jujuy emitió una advertencia formal comunicando la suspensión del crédito al ISJ frente a la acumulación de deudas con los prestadores. Si bien la interrupción de la atención en clínicas y consultorios privados fue desactivada tras negociaciones de coyuntura, el episodio puso al descubierto una dinámica crítica que se repite de forma sistemática y deja a miles de familias expuestas.

Transparencia urgente para 80 mil familias jujeñas

Un sistema asistencial que descuenta compulsivamente sus cuotas a una masa de casi 80.000 trabajadores estatales no admite la persistencia de versiones encontradas. El deterioro en la calidad de las prestaciones, combinado con el constante reclamo de sanatorios y profesionales de la salud, exige una auditoría documental inmediata.

La cobertura médica de la administración pública no puede depender de disputas declarativas. Los fondos retenidos en el recibo de sueldo tienen una asignación legal irrenunciable, y la totalidad de los aportantes exige respuestas claras sobre el destino de sus recursos.