El IPV apretó a los morosos de Mendoza y apareció una deuda que roza los $156 millones

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) redobló la presión sobre los adjudicatarios que no pagan sus cuotas o que ocupan las casas de forma irregular. A través de una serie de edictos publicados este lunes en el Boletín Oficial, el organismo intimó a beneficiarios de distintos barrios de Mendoza y les puso un plazo de 10 días hábiles para defenderse, presentar pruebas y ponerse al día.

La advertencia es seria: si la situación no se regulariza, el IPV puede avanzar con el proceso de desadjudicación previsto en el artículo 37 del Decreto 868/77. Es decir, la vivienda puede volver a manos del Estado provincial.

El caso que más llama la atención

Entre los expedientes hay uno que sobresale por su magnitud. En el barrio Almirante Brown, en Las Heras, el IPV informó una deuda de $155.750.900,49, equivalente a 95 cuotas impagas y calculada al 30 de septiembre de 2026. Además, el organismo detectó irregularidades en el estado de ocupación de esa vivienda.

La intimación no solo exige cancelar la mora: los adjudicatarios también deben presentar su defensa dentro del mismo plazo de 10 días hábiles. Si no lo hacen, queda abierta la puerta a la desadjudicación.

Otros barrios con deudas que acumulan años

Los edictos revelan más casos con cantidades de cuotas adeudadas que impresionan. En el barrio Las Dos Costas, en Guaymallén, el IPV registró una mora de 205 cuotas, aunque el monto actualizado informado es de $175.851,27.

En el barrio Los Peregrinos y Fuerza Segura, de Godoy Cruz, la deuda alcanza las 180 cuotas, con una mora calculada en $184.929,31 al 30 de septiembre.

También hay intimaciones en varios barrios de Guaymallén. En el barrio Bonfanti, por ejemplo, el IPV notificó a adjudicatarios de varias viviendas por irregularidades en la ocupación y, al mismo tiempo, les reclamó el pago de las cuotas atrasadas. En uno de esos casos, el de la casa 20 de la manzana B, la deuda asciende a $2.578.112,60, equivalente a 17 cuotas. En otra vivienda del mismo barrio se reclaman $1.301.370,44 por 17 cuotas, mientras que otro adjudicatario registra una mora de $215.481,82 correspondiente a tres cuotas.

No están desadjudicadas todavía

Un punto clave que aclaran los avisos publicados: estos emplazamientos no significan que las viviendas ya hayan sido desadjudicadas. El organismo les da a los adjudicatarios la posibilidad de ejercer su defensa y regularizar la situación. Solo si no se cumplen las condiciones exigidas puede avanzar el procedimiento administrativo que eventualmente termine con la pérdida de la adjudicación.

La normativa contempla tanto situaciones de alta morosidad como irregularidades en la ocupación. El artículo 26 del Decreto 868/77 establece las obligaciones vinculadas con el destino y la ocupación de las unidades, mientras que el artículo 37 contempla el procedimiento de desadjudicación.

Una política de controles que se profundiza

Durante 2026, el Gobierno provincial viene intensificando los controles. El IPV cruzó información con otros organismos para detectar adjudicatarios morosos y también comenzó a revisar con mayor intensidad la ocupación efectiva de las viviendas sociales.

El organismo ya había advertido que las notificaciones por mora son una instancia previa a la desadjudicación y que los beneficiarios pueden regularizar sus deudas mediante distintas alternativas de pago.

El objetivo declarado por el Gobierno es recuperar viviendas que no cumplen con las condiciones establecidas para su adjudicación y, al mismo tiempo, mejorar el recupero de las cuotas para destinar esos recursos a nuevas soluciones habitacionales.