El IPDUV denunció al intendente de Margarita Belén por las 32 viviendas: qué resolvió la Justicia

La Justicia chaqueña decidió archivar de forma definitiva la causa que el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, había impulsado contra el intendente de Margarita Belén —con licencia en el cargo—, Javier Martínez. El conflicto giraba en torno a la recuperación de un predio y la adjudicación de 32 viviendas del programa «Casa Activa».

Según la resolución judicial, el accionar del municipio se ajustó a las normas vigentes y se enmarcó en el ejercicio de la autonomía comunal. Para el Ejecutivo local, el fallo representa un respaldo institucional frente a lo que consideró un intento de la gestión provincial de llevar la disputa al terreno judicial.

Qué dice el fallo

El archivo se sustentó en los preceptos legales aplicables al caso. La Justicia determinó formalmente que el hecho no encuadra en ninguna figura penal, de acuerdo con los lineamientos del artículo 343 del Código Procesal Penal. Con esa decisión, las acusaciones de supuesta usurpación o de irregularidades que había promovido el organismo provincial quedaron sin sustento legal.

El municipio sostiene que la restitución del predio y su posterior asignación a familias de la localidad se concretaron en estricto cumplimiento de la normativa y en uso de las facultades propias del gobierno comunal.

La palabra de Javier Martínez

Tras conocerse la resolución, el intendente se refirió al impacto de la medida. “Tomamos conocimiento del archivo que dispuso la Justicia de la denuncia que había hecho el presidente del Instituto de Vivienda, lo cual celebramos porque siempre actuamos en el marco de la ley y sabíamos que estábamos tomando una decisión conforme a derecho”, afirmó.

Martínez también apuntó contra las declaraciones que había formulado el titular del IPDUV antes del fallo. “Las manifestaciones del presidente de Vivienda fueron muy desacertadas y generaron temor e incertidumbre en los vecinos que están habitando estas viviendas. Hoy la Justicia nos da la razón, archivando esa denuncia, lo que nos da tranquilidad a nosotros y sobre todo a las familias que estaban en la incertidumbre”, sostuvo.

Una obra paralizada y el futuro de las familias

De acuerdo con la postura municipal, la obra en cuestión permanecía abandonada y paralizada desde agosto de 2023. La intervención del Ejecutivo comunal buscó, según esa versión, proteger el patrimonio local y evitar que el predio se transformara en un foco de inseguridad y de riesgo sanitario.

Con la causa archivada, el intendente anticipó los próximos pasos en la urbanización. “A partir de ahora vamos a gestionar lo necesario para que las familias puedan tener los servicios de luz y agua como corresponde, y que tengan la seguridad jurídica de que nadie los va a sacar de una tierra que se les entregó desde el municipio”, concluyó.

El desenlace judicial deja firme la posición del municipio en la pulseada con el gobierno provincial y despeja, al menos en el plano legal, la situación de las familias que ya habitan las viviendas del programa «Casa Activa».