El INYM tiene mayoría automática: quiénes votan con el Gobierno y por qué los productores están furiosos

Roberto Ferreyra, director por la Producción del INYM, apuntó contra dos representantes del sector que acompañan las decisiones del Ejecutivo y sostuvo que esa alianza bloquea cualquier discusión seria sobre el precio de la hoja verde. La crisis yerbatera sumó un nuevo capítulo de tensión, esta vez puertas adentro del propio Instituto Nacional de la Yerba Mate.

En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, el también referente de la Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay advirtió que el Gobierno nacional logró armar una "mayoría automática" en el Directorio con el respaldo de dirigentes que, a su criterio, deberían estar defendiendo a los primeros eslabones de la cadena.

"No nos permite sentarnos a discutir en serio"

Ferreyra fue tajante al describir el funcionamiento del cuerpo colegiado: "Ha conseguido este Gobierno, yo no sé cómo, una mayoría automática que no nos permite sentarnos a discutir en serio".

El director explicó que cinco integrantes del Directorio mantienen posiciones contrarias a determinadas iniciativas y que, si se sumaran otros dos votos, se podría revertir la correlación de fuerzas. Esos dos respaldos faltantes provienen, según su lectura, de representantes de la producción y de los trabajadores.

"Si fuéramos siete, nos están faltando dos para tener mayoría. ¿Pero qué significaría esa mayoría? Más margen para discutir estas cosas", señaló. Y agregó: "A mí me preocupa el dirigente que no es del Gobierno nacional, que impulsa este tipo de medidas y que debería estar cuidando a su sector".

Para Ferreyra, el problema no se agota en la responsabilidad de los funcionarios políticos: también debe discutirse dentro de las propias entidades yerbateras, porque quienes ocupan espacios de representación sectorial no siempre defienden las posiciones de sus representados.

El antecedente de las designaciones y el rol de Fracalossi

La controversia tiene un antecedente inmediato. El 9 de octubre, este medio informó que el presidente del INYM, Rodrigo Correa, consiguió reunir siete votos para aprobar las designaciones de Rosana Biale como gerenta general y de Sebastián Pratto en Auditoría Interna, tras varios intentos frustrados y en medio del rechazo de distintas organizaciones productivas.

Entre quienes acompañaron esa decisión estuvo Marisol Fracalossi, representante de la Producción, cuya postura fue cuestionada públicamente por cinco entidades yerbateras que le reclamaron respetar el mandato del sector o, en su defecto, renunciar.

Lo que comenzó como una disputa por las designaciones y el funcionamiento institucional se proyecta ahora sobre un debate de fondo: qué facultades debe conservar el INYM y si es posible recuperar mecanismos que equilibren las relaciones comerciales entre productores e industrias.

La respuesta a la Nación: precios bajos y cadena desequilibrada

Las declaraciones de Ferreyra llegaron después de que el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, defendiera ante la Cámara de Diputados la política aplicada al mercado yerbatero y ratificara que la prioridad del Gobierno es beneficiar al consumidor con precios más bajos.

Cacace sostuvo que la eliminación de las facultades del INYM para fijar precios de referencia obligatorios permitió una reducción del valor real de la yerba en góndola y acompañó el crecimiento de las exportaciones. Ferreyra rechazó ese razonamiento y consideró que la desregulación profundizó el desequilibrio entre los eslabones de la cadena.

"Este Gobierno ha sido el que más intervino en la comercialización de la yerba mate y en la pérdida del equilibrio de la cadena yerbatera", sostuvo, al cuestionar que se presente la eliminación de regulaciones como una ausencia de intervención estatal.

Según su estimación, la situación afecta a unas 15.000 familias productoras y 15.000 tareferos que dependen de los ingresos de la actividad. Para el dirigente, el argumento de favorecer a los consumidores con una yerba más barata pierde fuerza cuando se compara el peso de ese producto en el presupuesto familiar con otros gastos esenciales, como combustibles, electricidad o alimentos. Una familia consume entre dos y tres kilos mensuales de yerba, por lo que una eventual recomposición del valor tendría una incidencia limitada frente a otros gastos cotidianos.

También cuestionó que los precios bajos se presenten como un incentivo para aumentar el consumo, cuando la demanda interna se mantiene relativamente estable. Recordó que durante 2025 el mercado argentino absorbió alrededor de 266 millones de kilos de yerba mate y sostuvo que el consumo podría superar ese volumen en 2026, aunque sin variaciones extraordinarias.

Hoja verde a menos de 300 pesos: vender por debajo del costo

El planteo de Ferreyra apunta a una diferencia central con la posición oficial: mientras la Nación destaca el abaratamiento del producto final, el director sostiene que ese resultado se apoya en una caída desproporcionada de los ingresos de quienes producen la materia prima.

De acuerdo con los valores que mencionó, el kilo de hoja verde no alcanza actualmente los 300 pesos, frente a un costo de producción estimado en 473 pesos. Es decir, los productores venden por debajo de lo necesario para sostener la actividad.

Ferreyra volvió a defender un precio cercano a los 700 pesos por kilo de hoja verde puesto en secadero, tomando como referencia histórica una relación aproximada del 10% respecto del precio de la yerba elaborada en góndola. "Si está a 7.000 pesos en góndola, debería estar a 700 pesos puesta en secadero y todos trabajarían normalmente", ejemplificó.

Insistió en que establecer mecanismos de regulación no significa imponer condiciones arbitrarias, sino generar un espacio donde los sectores puedan discutir costos y valores que permitan sostener la producción. En ese marco, recordó que la inflación también afecta a las chacras y cuestionó que la materia prima no haya acompañado la evolución general de los precios.

"El año pasado hubo un 32% de inflación y no aumentó nada el productor. Entonces, ni siquiera esa regla de mercado se respeta", afirmó.

También rechazó la idea de que una menor oferta de hoja verde deba traducirse automáticamente en mejores precios. Sostuvo que los volúmenes procesados se redujeron respecto de años anteriores, pero esa disminución no generó una recuperación de los valores percibidos por los productores. La explicación, para él, está en la concentración de la demanda industrial: "Hay agentes que procesan el 20% de toda esa yerba. Entonces, ponerlos a negociar con alguien que produce 30 o 50 toneladas es imposible".

Exportaciones en alza, ingresos en baja

Ferreyra repasó los destinos internacionales de la yerba argentina: Suiza, Australia, Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Brasil, Polonia, Líbano, Francia, Tailandia y Alemania. Reconoció que la presencia del producto en el exterior sigue expandiéndose y destacó el reconocimiento internacional del mate, impulsado por deportistas y personalidades que incorporaron su consumo.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento comercial no garantiza una distribución equilibrada de los ingresos entre producción, industrialización y comercialización. Incluso sostuvo que, aunque aumentó el volumen exportado, el valor obtenido por tonelada registró una disminución.

Detrás de la expansión internacional, describió una realidad menos favorable para las chacras: las familias yerbateras deben invertir y esperar varios años hasta que una plantación alcance su capacidad productiva, además de sostener las tareas para obtener materia prima de calidad. Muchas terminan vendiendo su producción a valores que representan aproximadamente la mitad de sus costos y, en algunos casos, reciben pagos con cheques que después no pueden cobrar.

Para dimensionar el perjuicio, estimó que alrededor de 300.000 millones de pesos anuales dejan de llegar a los primeros eslabones de la cadena yerbatera y se concentran en otros sectores de la actividad.

Pero además de los números, el director puso énfasis en las consecuencias sociales. Señaló que tareferos e hijos de pequeños productores de zonas cercanas a Brasil buscan oportunidades laborales del otro lado de la frontera ante las dificultades para sostener sus ingresos en Misiones. Abandonar sus comunidades implica dejar atrás familias, viviendas y actividades habituales para conseguir trabajos temporarios en otro país.

El dirigente vinculó esa situación con la historia de explotación laboral en la actividad yerbatera y recordó las condiciones que padecían los antiguos mensúes, al advertir que el sector debe evitar que vuelvan a consolidarse relaciones laborales profundamente desiguales.

El futuro del INYM y la negociación con la Nación

En medio de las diferencias internas, Ferreyra anticipó que el próximo 3 de noviembre volvería a Misiones una delegación de funcionarios nacionales que antes había presentado una propuesta de reordenamiento institucional para el INYM. Según explicó, la visita tendría como finalidad continuar las conversaciones sobre las modificaciones impulsadas desde el Gobierno nacional, aunque no precisó una convocatoria formal ni el temario definitivo.

El antecedente inmediato se remonta a septiembre, cuando representantes nacionales presentaron propuestas para reorganizar los controles del Instituto y avanzar en una articulación con el SENASA. Aquella discusión expuso profundas diferencias respecto de las facultades que debía conservar el organismo y la posibilidad de abordar nuevamente el precio de la materia prima.

Ferreyra insistió en que cualquier modificación debería fortalecer al INYM y no reducir su capacidad de intervención. Sostuvo que el Instituto, por su carácter colegiado, debe seguir siendo el ámbito donde se sienten todos los sectores de la cadena para alcanzar acuerdos y condiciones más equilibradas.

"Si no quieren ponerle el nombre de regular, se puede poner otro nombre, pero que nos sentemos toda la cadena y que todos trabajen", expresó.

También rechazó que eventuales convenios con otros organismos impliquen una pérdida de atribuciones. Por el contrario, consideró que las articulaciones institucionales deberían ampliar sus herramientas de fiscalización, información y acompañamiento a la actividad. En ese contexto, volvió sobre el conflicto interno y sostuvo que la construcción de mayorías dentro del Directorio resulta determinante para el rumbo de la entidad.

Aunque manifestó respeto por las distintas posiciones, cuestionó que representantes de la producción y de los trabajadores acompañen iniciativas que, desde su perspectiva, terminan beneficiando a los sectores con mayor capacidad económica.

"Hay un grupo que está aprovechando esta política del Gobierno nacional para hacer mucha plata y para explotar a muchas familias", afirmó.

Finalmente, insistió en que la actividad necesita recuperar mecanismos de negociación que permitan compatibilizar los intereses de consumidores, productores, tareferos, secaderos e industrias, sin que la mejora de los precios minoristas se sostenga sobre el deterioro de los ingresos de las familias rurales.

Fuente: Primera Edición