El intento de un alto funcionario por cerrar una causa judicial quedó en la nada: la querella lo rechazó de plano

La causa judicial que involucra al secretario de Energía de Tucumán, Martín Sebastián Viola, ingresó en una etapa decisiva luego de que la querella rechazara formalmente el intento del funcionario de clausurar el expediente mediante una reparación integral. La representante legal de la presunta víctima cuestionó la propuesta por considerarla insuficiente y desproporcionada frente a los hechos investigados, lo que aleja una salida rápida y encamina el caso hacia una revisión superior que podría derivar en nuevas definiciones procesales.

El planteo fue presentado por la abogada Stella Belén Salas, quien objetó la alternativa impulsada por la defensa de Viola para extinguir la acción penal. El funcionario está acusado de haber utilizado el Documento Nacional de Identidad de otra persona para abrir cuentas digitales y publicar expresiones agraviantes contra terceros.

¿Cómo se originó la investigación?

La investigación se originó tras la desaparición del DNI de Julián Echazú Toneatti en el edificio donde residía y donde también tendría un departamento el actual secretario provincial. Según la pesquisa encabezada por el fiscal federal Agustín Chit, los datos de ese documento habrían sido utilizados para crear una cuenta en el diario local La Gaceta y difundir agravios contra Alejandro Sangenis, funcionario de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

La maniobra, de acuerdo con la causa, quedó expuesta cuando se detectó que la suscripción digital de esa cuenta había sido abonada con una tarjeta de crédito perteneciente a Viola. En una primera etapa, la defensa del funcionario intentó desligarlo del episodio argumentando un supuesto hackeo, aunque luego avanzó con una propuesta de mediación.

¿Qué cuestionó la querella?

Uno de los principales cuestionamientos de la querella se centró en el pedido de disculpas que Viola difundió mediante redes sociales. La letrada sostuvo que ese gesto no reúne la formalidad ni el alcance necesarios para reparar un daño ocasionado a través de un medio masivo de comunicación.

También fue cuestionado el ofrecimiento económico de cinco millones de pesos, destinado a la Arquidiócesis y a damnificados por inundaciones en el sur tucumano, pese a que esa alternativa había sido admitida por el Ministerio Público Fiscal. Para la parte acusadora, el monto resulta exiguo en relación con la capacidad económica de un funcionario de alto rango y no guarda proporción con la gravedad institucional del caso.

La querella sostuvo además que aceptar ese acuerdo implicaría habilitar un precedente negativo, en el que delitos atribuidos a integrantes del poder político podrían resolverse mediante donaciones y disculpas públicas de escasa trascendencia. Por ese motivo, solicitó la intervención de un Fiscal Revisor para impedir que la causa se cierre por una vía que considera improcedente.

¿Qué sigue ahora?

Con este escenario, la estrategia defensiva de Viola para evitar una mayor exposición judicial enfrenta nuevos obstáculos. Ahora será el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, el que deberá resolver la situación procesal del funcionario en un expediente que trascendió el marco de un conflicto por un documento perdido y adquirió una marcada dimensión política e institucional.