El intento de fuga que destapó el calvario de una nena de 13 años obligada a casarse

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a 10 años de prisión para un matrimonio y su hijo, acusados de someter a una adolescente de 13 años a una unión forzada y a explotación en San Juan. El fallo, que ratifica lo resuelto por el Tribunal Oral Federal de San Juan, también dejó firme una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima.

La resolución se conoció este viernes y puso punto final a una causa que tuvo un recorrido judicial de varios años. En el expediente intervinieron la Fiscalía General N° 1 ante la Cámara de Casación y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Un “precio dotal” y un embarazo a los 13 años

Según se acreditó durante el proceso, la adolescente fue captada en Neuquén entre marzo y abril de 2022, cuando tenía 13 años. Su familia recibió un pago de 825.000 pesos como “precio dotal” para concretar el acuerdo matrimonial con un joven de 20 años, que era su primo.

A partir de ese momento, la menor quedó sometida a una convivencia forzada y a situaciones de violencia sexual en el marco del rito matrimonial. Durante ese período se embarazó en dos oportunidades: el primer embarazo terminó en un aborto espontáneo y en 2024 dio a luz a un hijo.

Traslado a Santa Fe y explotación

La investigación estableció que la adolescente fue llevada posteriormente a Santa Fe, donde permaneció hasta diciembre de 2024 bajo el control del grupo familiar. En ese lapso, según los hechos acreditados, sufrió agresiones y era quemada con cigarrillos. También relató que la obligaban a realizar venta ambulante y que no podía disponer del dinero que obtenía.

Las exigencias continuaban incluso cuando estaba enferma, embarazada o expuesta a condiciones climáticas adversas, según su testimonio.

El intento de fuga que marcó el caso

Uno de los momentos determinantes ocurrió en Caucete, cuando la adolescente intentó escapar junto a su hijo en brazos. Una persona que estaba en una estación de servicio advirtió la situación y llamó al 911. La secuencia quedó registrada por las cámaras del sistema de monitoreo provincial.

A partir de la denuncia, efectivos policiales interceptaron el vehículo y lograron rescatar a la joven.

Las pruebas y el rechazo al argumento cultural

Entre los elementos que valoró la Justicia estuvieron la declaración de la víctima en Cámara Gesell, testimonios de profesionales que participaron de su asistencia, un audio de la llamada al 911 y documentación oficial, incluidos informes de ANSES y del Registro Civil.

La defensa apeló la sentencia, negó la situación de explotación y sostuvo que la relación había sido voluntaria. También planteó que los hechos debían analizarse a partir de prácticas culturales de las familias involucradas y cuestionó la valoración de la prueba y la indemnización.

El juez Daniel Petrone descartó esos planteos y remarcó que la condena no se basó únicamente en el relato de la adolescente, sino en un conjunto de elementos concordantes. Además, rechazó que la pertenencia a una comunidad o la invocación de tradiciones pueda eliminar la responsabilidad penal cuando están en juego derechos fundamentales.

Para la Justicia, la unión fue un matrimonio infantil y forzoso, ya que la víctima tenía 13 años, no contaba con la madurez suficiente y se encontraba en una situación de marcada vulnerabilidad. Con la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, las condenas quedaron firmes.