Más de 600 vecinos ya se movilizaron por lo que puede pasar en el corredor oeste de la Ciudad, y el intendente tiene en sus manos una herramienta que podría cambiar el desenlace. ¿La va a usar?
El futuro del Hogar Santa Marta dejó de ser un tema de expedientes y se convirtió en una pulseada por el modelo de ciudad que se quiere para la Capital mendocina. Para el autor de esta columna, el intendente Ulpiano Suárez no puede mirar para otro lado aunque el terreno pertenezca a la Provincia.
La discusión excede el destino de un inmueble público o la conveniencia económica de un emprendimiento inmobiliario: lo que está en juego es la calidad ambiental de Mendoza y el derecho de sus habitantes a vivir en un entorno saludable.
Una zona sensible que no admite improvisaciones
El sector donde se levanta Santa Marta tiene particularidades que, según el texto, obligan a un análisis integral. La cercanía al piedemonte y al Parque General San Martín, sumada a su ubicación sobre el corredor oeste de la ciudad, lo convierten en un área de alta fragilidad.
Las brisas del oeste, la ventilación natural, la radiación solar, la temperatura urbana y la disponibilidad de espacios verdes son variables que cualquier evaluación seria debería contemplar. No se trata de una resistencia romántica a la modernización ni de una preocupación meramente paisajística: son condiciones concretas que inciden sobre la salud de las personas.
La multiplicación de edificios de gran altura sin estudios territoriales previos puede alterar la ventilación, profundizar el fenómeno de isla de calor, modificar el asoleamiento y presionar sobre los servicios y la infraestructura urbana.
El ambiente, insiste el autor, no es un concepto abstracto de especialistas: es el aire que se respira, la temperatura que se soporta en verano y la luz que llega a las viviendas.
La autonomía municipal como responsabilidad, no como excusa
El artículo cuestiona de forma directa la postura de Suárez de desentenderse porque el predio es provincial. La autonomía municipal, sostiene, no es solo una atribución administrativa ni una herramienta para gestionar servicios: es una responsabilidad sobre el territorio, su desarrollo, su equilibrio ambiental y la calidad de vida de quienes lo habitan.
El autor recuerda su formación junto al recordado Viti Fayad, a quien considera el mejor intendente de la historia de la Ciudad, y asegura que su maestro jamás habría permitido un atropello semejante contra los vecinos de la Capital.
Más de 600 vecinos ya dijeron presente
La participación ciudadana es el otro eje del reclamo. Más de seiscientos vecinos ya expresaron sus inquietudes, pero el autor advierte que serán miles los que levanten la voz para exigir que el intendente salga de la madriguera del silencio, abandone la indiferencia y se ponga del lado de los intereses de la Ciudad.
Una transformación de esta magnitud no debería resolverse en despachos gubernamentales ni reducirse a una negociación entre funcionarios e inversores. Los vecinos tienen derecho a conocer, preguntar, discutir y participar de las decisiones que pueden modificar sustancialmente su entorno.
No se trata de una controversia artificial: existe una demanda concreta de información y participación que merece una respuesta política e institucional a la altura de las circunstancias.
Las herramientas que el intendente tiene a mano
El texto enumera alternativas que Suárez podría poner en marcha. La primera es una asamblea ciudadana abierta con vecinos, especialistas en urbanismo, arquitectos, ingenieros, ambientalistas y autoridades provinciales, donde se expongan antecedentes, se conozcan los estudios disponibles y se analicen objeciones y alternativas.
También podría convocar a una audiencia pública y activar los mecanismos de participación previstos en el ordenamiento municipal. Incluso existe una herramienta de mayor alcance político: la consulta popular no vinculante.
El autor recuerda un antecedente valioso: en octubre de 2004 se realizó una consulta popular no vinculante, con la Ordenanza Municipal 3546/04 como marco legal, para el cobro de una sobretasa destinada a financiar el Plan Integral de Seguridad Urbana.
Un plebiscito no reemplaza los estudios técnicos ni las competencias legales de los organismos públicos, pero aporta algo que ningún expediente consigue por sí solo: legitimidad social para decisiones que comprometen el patrimonio común.
La participación, remarca, no debe ser una formalidad posterior a las decisiones, sino una instancia previa, informada y genuina, cuando todavía hay alternativas sobre las cuales deliberar.
Gobierno abierto: ¿principio o máscara?
El artículo también apunta a la coherencia institucional. El municipio pregona el gobierno abierto, la participación vecinal y la transparencia como principios de gestión. Santa Marta, dice el autor, es una oportunidad concreta para demostrar que esos principios tienen consecuencias prácticas y no son solo parte de la comunicación institucional.
"Se es transparente en serio, con la honestidad de no ocultar nada, o se convierte a la transparencia en una máscara cuidadosamente construida para disimular lo que se pretende ocultar", plantea.
Desarrollo sí, pero con límites ambientales
El autor aclara que no se opone al desarrollo privado. Al contrario: considera bienvenida la inversión, la construcción y la generación de actividad económica. Lo que cuestiona es que el desarrollo se convierta en una justificación para desconocer los límites ambientales de la ciudad.
"La rentabilidad de un emprendimiento es legítima; la protección de la salud colectiva es una obligación pública", sostiene.
Un mensaje para el concejal Garrido
El texto dedica un párrafo al concejal suarista Maximiliano Garrido, quien se expresó contra el autor en el mismo medio. "Estimado Maxi, entiendo, aunque no lo comparta, que estés obligado a defender a tu intendente antes que a los vecinos", escribe, y agrega: "Muchos de los que se llenan la boca embarrando antiguas relaciones profesionales con Orozco, pueden ser candidatos a ser 'los Orozcos del futuro'".
El reclamo final
La responsabilidad del intendente, cierra el autor, no empieza cuando ingresa un expediente de construcción ni termina cuando se verifica el cumplimiento formal de una ordenanza. También consiste en anticiparse, prevenir y evitar que decisiones irreversibles comprometan el bienestar de las generaciones futuras.
Suárez tiene la oportunidad de asumir un papel activo: solicitar estudios ambientales integrales, garantizar información pública, convocar a los vecinos y promover un debate que incluya todas las alternativas posibles.
"Intendente Suárez: gobernar también significa escuchar. Y cuando están en juego el ambiente, la salud y el patrimonio de todos, escuchar a los vecinos es una obligación democrática", concluye.
Por Sergio Hugo Bruni
