El intendente que heredó el poder de su padre y lleva 35 años: ahora la Auditoría le observó las cuentas

Samuel Gerardo "Picky" Córdoba gobierna General Ballivián desde 1991, cuando sucedió a su padre, que había estado al frente del municipio durante tres décadas. La Auditoría General de la Provincia acaba de observar las cuentas del ejercicio 2020 de esa comuna, manejada por el mismo apellido desde hace más de sesenta años.

El máximo órgano de control externo provincial aprobó en julio de 2026 su informe definitivo sobre la Cuenta General del Ejercicio 2020 y aconsejó al Concejo Deliberante que la observe. La resolución, la Conjunta N° 33, se publicó en el Boletín Oficial el 18 de agosto.

Más de seis décadas con el apellido Córdoba

La continuidad familiar en el poder es un caso raro en la política salteña. Los registros del Boletín Oficial ubican a Samuel Córdoba padre como autoridad municipal ya a mediados de los años 60. Investigaciones académicas sobre la política local señalan que permaneció unos 30 años y que luego pasó la posta a su hijo.

En 2017 se contabilizaban 55 años de administración entre padre e hijo, con "Picky" acumulando 25 años como intendente. Para 2026, el actual jefe comunal alcanza los 35 años ininterrumpidos al frente de General Ballivián.

El apellido también se proyectó a otra generación: Ana Laura Córdoba, hija del intendente, presidió el Concejo Deliberante y después llegó a la Cámara de Diputados provincial.

Qué cuestionó la Auditoría

El informe no detectó dinero desaparecido ni constituye una imputación penal contra Córdoba. El punto central es que varias contrataciones se hicieron sin aplicar el procedimiento que fija la Ley Provincial 8072, lo que afectó las garantías de competencia, publicidad, transparencia e igualdad que deben regir las compras públicas.

Entre los gastos examinados figuran unos $2,45 millones en combustibles y lubricantes, $1,8 millones en repuestos y accesorios, $731 mil en productos químicos y medicinales y $1,4 millones en honorarios. Son cerca de $6,38 millones solo en esos cuatro conceptos, a valores de 2020.

Además, los auditores concluyeron que el Estado de Situación del Tesoro y el de la Deuda Pública no reflejaban razonablemente la situación municipal. También faltó el Estado de Situación de los Bienes, lo que impidió completar esa parte del control.

Ahora el Concejo Deliberante deberá tratar las observaciones del organismo de control sobre las cuentas de un municipio que conduce el mismo intendente desde 1991.