El intendente de El Chaltén vetó una ordenanza clave, pero los concejales no se quedaron quietos
El intendente había vetado la ordenanza, pero los concejales no dieron el brazo a torcer. La votación fue cuatro a cero con una abstención y deja al descubierto la interna por el manejo de los fondos municipales.
El Concejo Deliberante de El Chaltén volvió a marcarle la cancha al intendente Néstor Ticó. En la sesión ordinaria del jueves 8 de octubre, los ediles insistieron con una ordenanza que el Ejecutivo había vetado y ratificaron la intervención legislativa en las modificaciones presupuestarias.
La votación terminó cuatro a cero, con una abstención: la de Carlos Ticó, de Unión por la Patria. La iniciativa fue impulsada por Ignacio Moreno Hueyo, de Cambia Chaltén, según consignó Ahora Calafate.
Qué dice la ordenanza que el Ejecutivo no quiere
La norma en cuestión modifica el artículo 8 del Presupuesto Municipal 2025, aprobado por la Ordenanza 259/2024 y prorrogado para este año.
El punto que genera chispas es la intervención del Concejo cuando una modificación presupuestaria aumenta el monto total vigente. La propuesta busca que esos cambios necesiten autorización legislativa previa, y no que alcance con una comunicación posterior del Ejecutivo.
La diferencia es concreta: informar una decisión ya tomada permite conocerla después; exigir una autorización previa obliga a someterla al debate y la aprobación de los concejales antes de ejecutarla. El alcance es presupuestario y no implica que cada gasto cotidiano del Municipio deba pasar por el Concejo.
El antecedente inmediato: veto y decreto
La pulseada viene de antes. La Ordenanza 288/2026 había sido sancionada el 30 de abril y vetada totalmente por el Ejecutivo mediante el Decreto 122/2026. Con la votación del jueves, el Concejo insistió en su postura y dejó firme la norma.
No es el único choque. El 27 de agosto, el cuerpo ya había insistido con la Ordenanza 291/2026, sobre asignación específica de fondos y creación de fondos afectados, también vetada por Ticó. Son dos normas distintas: aquella regula el destino de determinados ingresos; la tratada ahora aborda las facultades para modificar el presupuesto.
Cuestionamientos y una autocrítica inesperada
Durante el debate, Moreno Hueyo apuntó contra la información que recibe el Concejo y las demoras en documentación contable y rendiciones. Esos señalamientos corresponden a su posición durante la sesión y no constituyen, por sí mismos, una irregularidad comprobada.
La concejal Elizabeth Romanelli, de Unión por la Patria, reconoció haber promovido la flexibilización del mecanismo de control al comienzo de la gestión. Explicó que buscaban facilitar el funcionamiento municipal, pero sostuvo que era necesario recuperar la intervención legislativa.
La presidenta del cuerpo, Estefanía Leyes, de Encuentro Vecinal, también acompañó la insistencia.
El eje del desacuerdo queda claro: quién autoriza los cambios sobre los recursos municipales y en qué momento debe intervenir el Concejo. La nueva votación vuelve a mostrar una mayoría legislativa dispuesta a sostener controles presupuestarios frente a la posición de Ticó.