El intendente de Allen denunció a quienes lo reemplazaron: los números que complican a Figueroa

El intendente de Allen, Marcelo Román, presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas local contra los concejales que votaron su suspensión y contra Fabián Figueroa, quien ocupó el cargo de jefe comunal de forma interina durante cinco días. La acusación apunta a un supuesto perjuicio económico para las arcas municipales y a la percepción indebida de haberes.

«Presenté, ante el Tribunal de Cuentas de nuestra ciudad, una denuncia por perjuicio económico a la hacienda municipal, daño institucional al electorado y desvío de poder», informó Román a través de sus redes sociales.

Los denunciados son los concejales Guillermo Pennesi, Néstor Soler y Marianela Rodríguez, a quienes Román señaló como «los concejales responsables de la suspensión ilegítima hacia mi persona como intendente electo».

Pero el foco principal está puesto en Figueroa, presidente del Concejo Deliberante y quien asumió como intendente interino. Según la denuncia, Figueroa incurrió en supuesta usurpación de la intendencia, percepción indebida de haberes —cuyo monto no trascendió— y solicitó un anticipo financiero de $1.500.000.

«Ilegítimamente, ocupó un cargo que no le corresponde y ordenó se le liquide haberes como intendente», acusó Román.

Los pagos bajo la lupa

La denuncia detalla que a principios de agosto se liquidaron y pagaron los haberes correspondientes al período comprendido entre el 24 y el 31 de julio de 2026 bajo la categoría de intendente interino. Según el escrito difundido por el intendente, esa actuación se ejecutó pese a que la Ordenanza N° 044/2026 ya estaba judicializada y su legitimidad era materia de discusión, situación que quedó confirmada como ilegítima tras la sentencia del Superior Tribunal de Justicia.

«El Sr. Figueroa no solo se autoproclamó intendente y percibió haberes bajo dicha condición, sino que también solicitó un anticipo de $1.500.000 a cuenta de sus haberes correspondientes al mes de agosto de 2026, siendo todos estos valores hoy adeudados a este Municipio», agregó Román.

El jefe comunal pidió que Figueroa haga la «restitución inmediata» del total supuestamente cobrado y que se formule la respectiva denuncia penal por abuso de autoridad, usurpación de funciones y desobediencia judicial ante la justicia penal ordinaria.

Un historial de conflicto

La gestión de Román al frente de la municipalidad de Allen estuvo marcada por giros políticos, conflictos gremiales e investigaciones judiciales. El excomisario, con 24 años de servicio en la Policía de Río Negro, ingresó a la política local como concejal por la Unión Cívica Radical y ganó la intendencia en abril de 2023 con el 34,86% de los votos. Poco después de asumir, protagonizó un polémico traspaso al sumarse a las filas de La Libertad Avanza, convirtiéndose en el primer intendente libertario de Río Negro.

Las tensiones administrativas escalaron en mayo de 2025 tras la renuncia de la secretaria de Hacienda, Griselda Morell, quien expuso la presencia de un «asesor externo» ad honorem —el empresario mediático Sebastián Ocampo— que ejercía funciones directivas sin cargo formal. Esto derivó en denuncias ante el Tribunal de Cuentas por peculado e investigaciones judiciales sobre el uso de recursos públicos.

Paralelamente, la fiscalización municipal denunció gastos considerados desproporcionados, entre ellos el desembolso de $576 millones para la Fiesta Nacional de la Pera, monto muy superior a los $14 millones destinados el año anterior.

A esto se sumó un conflicto con los trabajadores municipales: tras el despido de 20 empleados, el gremio inició un paro de actividades y la Secretaría de Trabajo clausuró camiones recolectores por el mal estado de los vehículos.

El pico máximo de tensión se alcanzó en julio de 2026, cuando el Concejo Deliberante aprobó por seis votos contra tres la suspensión preventiva del intendente sin goce de haberes, bajo cargos de administración fraudulenta y peculado. Román calificó la medida como un «golpe de Estado constitucional municipal», se negó inicialmente a entregar el Ejecutivo y denunció persecuciones políticas.

El escenario dio un vuelco en la justicia provincial cuando el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró la nulidad absoluta de las ordenanzas de suspensión, tras comprobar que el Concejo Deliberante incurrió en una usurpación de atribuciones al rechazar por mesa de entradas el derecho a veto del intendente.