El INTA echó a la científica que encontró glifosato en la orina de 73 vecinos de Balcarce

Virginia Aparicio trabajaba en la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce desde 1997. La exoneraron tras un sumario que ella califica de persecución y que la defensa ya anticipó que llevará a la Justicia.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias, luego de un sumario administrativo que se abrió por su participación en un estudio internacional sobre agroquímicos. La sanción es la más grave que contempla el régimen disciplinario del empleo público nacional.

La medida quedó plasmada en la resolución 366. Aparicio se desempeñaba en la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce desde 1997 y desde 2020 integraba el proyecto SPRINT, una iniciativa financiada por la Unión Europea que reunió a investigadores de varios países para medir la presencia de plaguicidas en el ambiente, los animales y las personas.

Qué encontraron en el sudeste bonaerense

En la región se analizaron muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios, entre productores agropecuarios, trabajadores rurales y consumidores. También se estudiaron muestras de agua, suelo, aire y alimentos.

Entre los resultados se informó la detección de glifosato en la orina del 84% de los participantes. El hallazgo permite caracterizar la exposición a la sustancia, pero no demuestra por sí solo que haya causado enfermedades.

Del estudio al sumario

En junio de 2023, las autoridades del INTA ordenaron suspender una reunión en la que Aparicio iba a presentar los resultados a los participantes. Seis meses después, el organismo retiró a Argentina del proyecto SPRINT y abrió un sumario contra la investigadora.

El procedimiento incluyó ocho imputaciones vinculadas con el envío de muestras al exterior, el manejo de información confidencial, la participación de otras personas y presuntas irregularidades administrativas y financieras.

Según publicó el medio Primera Plana, la defensa rechazó las acusaciones. Sostuvo que el envío de muestras respondía al protocolo internacional y cuestionó la proporcionalidad de la sanción.

Los argumentos del INTA

Entre los cuestionamientos del organismo figura la participación de José Luis Costa, investigador retirado y conviviente de Aparicio, en tareas relacionadas con la conducción del proyecto y el acceso a sus datos.

La resolución reconoce que no se acreditó un beneficio económico personal para la científica ni antecedentes disciplinarios previos. También señala que no se determinó de manera fundada un perjuicio fiscal equivalente a los montos administrados.

Otros integrantes del INTA involucrados en el sumario recibieron sanciones diferentes o fueron eximidos de responsabilidad. Aparicio, en tanto, había denunciado indefensión y trato discriminatorio. El Consejo Directivo rechazó sus planteos.

Rechazo científico y denuncia de censura

La exoneración generó el rechazo de organizaciones científicas, sindicatos y agrupaciones socioambientales, que denunciaron censura y persecución. En una entrevista con el medio especializado Bichos de Campo, Aparicio describió el aislamiento que aseguró haber sufrido: “Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA”.

El 15 de octubre, antes de conocerse la sanción, la investigadora presentó los resultados de sus mediciones ante el Concejo Deliberante de Balcarce.

La defensa cuestionó la legalidad y la proporcionalidad de la medida y anticipó que recurriría a la Justicia. El caso reabre el debate sobre el acceso a la información ambiental y el papel de los organismos públicos en las investigaciones sobre agroquímicos.