El insólito método de dos policías para cobrarles a los detenidos en Iguazú
Si tenés un familiar detenido en Iguazú, esto te toca de cerca: dos policías habrían armado un negocio con los presos y sus familias. El dato que nadie se esperaba, adentro.
Dos efectivos de Puerto Iguazú quedaron imputados por montar un esquema de extorsión contra detenidos y sus familias. Se trata de un sargento de 44 años y un agente de 25, que se negaron a declarar ante el juez y seguirán presos.
La investigación, que está en manos del juez de Instrucción N.º 3, Martín Brites, apunta a presuntas irregularidades en la División Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional V. Los cargos que se les imputan son extorsión, exacciones ilegales, cohecho pasivo, apremios y vejaciones.
El sargento prestaba servicios en la Comisaría Segunda, mientras que el agente era parte del Comando Radioeléctrico. Ambos fueron indagados esta semana, pero optaron por guardar silencio y continuarán detenidos mientras avanza la causa.
¿Cómo habría funcionado el mecanismo?
Según la hipótesis judicial, el sistema consistía en cobrarles a los familiares de los internos a cambio de beneficios, o para evitar que los detenidos sufrieran agresiones dentro de las celdas. La investigación sostiene que algunos presos recién ingresados podían ser golpeados por otros reclusos y que, para impedirlo, se les exigía plata a sus allegados.
Además, se investiga el ingreso clandestino de celulares a los pabellones. Por cada aparato se habría cobrado unos $100.000, más un arancel semanal de $30.000 para permitir su uso. En un momento, habría habido alrededor de diez teléfonos repartidos entre los detenidos.
También se suman las presuntas visitas íntimas fuera del régimen establecido, por las que se habrían pedido entre $50.000 y $70.000.
¿Golpeaban a los presos para cobrar?
La causa busca determinar si algunos internos eran golpeados deliberadamente para obligarlos a pedir dinero a sus familias mediante transferencias, y si parte de esos fondos terminaba en manos de los policías. Los teléfonos celulares de ambos efectivos fueron secuestrados y serán peritados para rastrear comunicaciones, transferencias y posibles contactos con internos y allegados.
Los hechos investigados habrían ocurrido entre enero y junio de este año. La Justicia intenta establecer si hubo más personas involucradas y cuál fue el alcance real del presunto esquema.
