El insólito final para los dueños de la camioneta enterrada en el Leoncito: qué decidió el juez

La Justicia de San Juan puso punto final al caso de la Toyota Hilux que quedó sepultada en la Pampa del Leoncito: los dos ocupantes fueron condenados a pagar multas que superan los 9,2 millones de pesos y se autorizó el retiro del vehículo. El juez de Paz Letrado de Calingasta, Andrés Troche, encontró responsables a Agustín Añó y Pablo Abraham por el daño causado al patrimonio natural provincial.

La resolución, fechada este viernes 4 de septiembre, estableció que ambos participaron del ingreso a la zona protegida por un sector al sur de la Pampa del Leoncito, usando una huella preexistente que no es un acceso habilitado. Abraham reconoció en el expediente que manejaba cuando entraron.

Multas millonarias para cada uno

El fallo condenó a Añó y a Abraham a pagar, cada uno, 15 sueldos del escalafón mínimo de la Administración Pública provincial. Eso equivale a $4.387.320 por persona, según la infracción prevista en el artículo 187 inciso 4 de la Ley 941-R.

A Abraham le sumaron otra sanción: 200 unidades fiscales, es decir, $456.800, porque el juez consideró acreditado que evitaron el control de Gendarmería sobre la Ruta Nacional 149.

Así, Añó deberá pagar $4.387.320 y Abraham $4.844.120. En total, las multas alcanzan los $9.231.440.

Cómo ingresaron al área protegida

Uno de los puntos centrales de la sentencia fue reconstruir el recorrido. La Hilux, dominio AD-048-JV, entró desde el sur de la Pampa del Leoncito, por una huella o traza previa, sin pasar por el puesto de Gendarmería. De hecho, el propio Abraham dijo que manejaba y que ingresaron por ese sector.

Gendarmería informó que no había registros del paso del vehículo ni de sus ocupantes por el control. Para el juez, que exista una huella física no significa que esté habilitada para circular: hay una diferencia entre la existencia de un camino y su autorización jurídica.

Troche remarcó que la conducta no fue un simple error de recorrido. Según el fallo, hubo una decisión deliberada de entrar por un lugar no permitido y después cruzar el área para intentar salir por el acceso habilitado.

Durante el expediente, Añó primero dijo que manejaba su primo, pero después corrigió: quien estaba al volante al ingresar era Abraham. Contó que avanzaron unos siete kilómetros por terreno seco y que, cerca de la salida, el suelo cambió. Cuando el vehículo perdió fuerza, bajaron y vieron que el terreno estaba blando y barroso.

Abraham, en cambio, sostuvo que el terreno estaba seco al entrar y que pudieron avanzar bastante antes de quedar atrapados. También cuestionó la profundidad de las huellas y dijo que la señalización estaba en el ingreso principal, no en el sector sur.

Ambos admitieron que la camioneta quedó enterrada y que intentaron moverla con escaleras metálicas para motos. Esa maniobra la desplazó apenas unos metros y, según el fallo, empeoró la situación.

Un daño que tarda décadas en revertirse

El informe de la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan fue clave para dimensionar el impacto. Determinó que la circulación de la Hilux afectó unos 280 metros cuadrados en total.

De esa superficie, 35,28 metros cuadrados sufrieron daño severo: huellas más profundas, ruptura de la costra superficial y desplazamiento de sedimentos. Las marcas en ese sector alcanzaron unos 63 metros de largo.

Otros 244,72 metros cuadrados tuvieron daño superficial, por la impronta y deformación de la superficie. También se contabilizó el paso de la moto que intentó ayudar, con 50,3 metros cuadrados afectados.

Lo más grave: las huellas tenían entre 5 y 8 centímetros de profundidad, con un promedio de 6,5. Según los especialistas, la recuperación natural podría llevar entre 50 y 80 años.

Para el juez, no fue una alteración estética sino una modificación física del suelo y su microtopografía, en un ambiente que tarda muchísimo en recuperarse.

La Hilux, autorizada a salir

La sentencia también definió el futuro de la camioneta, que estaba bajo custodia de la Policía de San Juan y Gendarmería desde agosto, a la espera de un protocolo para sacarla sin causar más daño.

En el fallo se menciona que Gendarmería no tenía malacates con la longitud necesaria y que por eso se pidió ayuda a la Dirección de Patrimonio. Los especialistas elaboraron un diagnóstico y un plan de extracción.

Finalmente, el juez autorizó el retiro para este viernes 4 de septiembre, entre las 17:30 y las 19, con supervisión de Gendarmería Nacional, la Comisaría 33 de Barreal y personal de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Qué pasará con el dinero de las multas

Los fondos recaudados irán a una cuenta especial de la autoridad de aplicación, destinada a la atención y el acrecentamiento del patrimonio protegido, con particular afectación a la Pampa del Leoncito.

Troche también ordenó oficiar al Ministerio de Turismo, Cultura y Ambiente y a otros organismos para que tomen medidas de restauración y, sobre todo, de prevención, para evitar que se repita un episodio así.