El incendio en Las Heras que dejó a una joven de 22 años muerta: su familia ya pidió una calificación clave

La muerte de Carla Martina Ríos Fernández, de 22 años, durante un incendio en un departamento de la calle Alem, en Las Heras, Santa Cruz, dejó de ser una causa por incendio y pasó a investigarse como homicidio calificado. El giro se produjo después de que se conocieran las pericias de Bomberos, que determinaron que el fuego fue provocado de manera intencional.

El siniestro ocurrió el domingo 11 de octubre de 2026. Martina quedó atrapada en el inmueble y no pudo salir. Su pareja, Enzo Acosta, de 24 años, logró escapar con vida y fue llevado al hospital local con lesiones graves.

Según la información difundida hasta el 15 de octubre, Acosta permanecía internado en terapia intensiva y bajo custodia policial. Su estado clínico y su situación procesal actual necesitan una confirmación judicial y médica posterior.

El incendio intencional y las pruebas que faltan

El martes 13 de octubre trascendió que los peritajes de Bomberos habían establecido que el fuego no se originó de forma accidental. Ese dato cambió el escenario de la investigación, que empezó a tramitarse como una causa por homicidio calificado.

Sin embargo, determinar que el incendio fue provocado no equivale a establecer quién lo inició ni cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la muerte de Martina. Para avanzar sobre las responsabilidades penales, la Justicia debe analizar el conjunto de pruebas del expediente: los resultados periciales, los testimonios y los demás elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

La investigación está a cargo del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.° 1 de Las Heras, encabezado por el juez Eduardo Quelán.

Hasta este viernes 16 de octubre no fue posible acceder a una nueva resolución judicial pública que permita confirmar una imputación formal por femicidio ni conocer la totalidad de los resultados periciales.

Qué puede hacer la familia en la investigación

Los familiares de Martina decidieron intervenir como querellantes, con el patrocinio del abogado Alberto Luciani, para participar de las actuaciones y procurar que se esclarezcan las circunstancias de la muerte.

Como informó previamente El Diario Nuevo Día, a partir de una entrevista del letrado con Radio Ciudad 107.9, los familiares buscaban acceder a los informes periciales y promover medidas de prueba.

Ese punto tiene respaldo en la legislación santacruceña. La Ley Provincial 3915, publicada en mayo de 2025, modificó el artículo 75 del Código Procesal Penal de Santa Cruz y establece las facultades de quienes pueden constituirse como querellantes. Entre esas atribuciones figuran impulsar el proceso, aportar elementos de prueba, argumentar sobre ellos y recurrir decisiones judiciales dentro de los límites previstos por la normativa.

En los delitos que causan la muerte de una persona, la legislación también reconoce la posibilidad de que determinados familiares ejerzan ese derecho. Esto significa que la familia puede desempeñar un papel activo en la investigación, aunque las medidas solicitadas y su alcance deben ajustarse a las decisiones y procedimientos judiciales correspondientes.

Homicidio calificado o femicidio: qué diferencia establece la ley

Uno de los interrogantes que surgieron durante la investigación es si corresponde aplicar la figura de femicidio.

El artículo 80 del Código Penal argentino contempla distintas modalidades agravadas de homicidio. El inciso primero se refiere, entre otros supuestos, al asesinato de una persona con la que se mantiene o mantuvo una relación de pareja, independientemente de la convivencia. El inciso segundo incluye la alevosía, que requiere acreditar circunstancias específicas relacionadas con la forma en que se cometió el hecho. Por su parte, el inciso 11 establece la figura de femicidio cuando una mujer es asesinada por un hombre y media violencia de género.

Estas agravantes no se aplican automáticamente por las características de la víctima o por la existencia de una relación de pareja. Deben existir pruebas que permitan determinar si se cumplen los requisitos establecidos por la ley. En consecuencia, la investigación sobre la muerte de Martina deberá avanzar sobre la reconstrucción de los hechos antes de que pueda establecerse una calificación definitiva.

La joven era conocida en Las Heras por su trabajo en la Guardia Urbana Municipal y por su compromiso con el rescate y cuidado de animales abandonados. Su muerte generó una profunda conmoción en la comunidad, que acompañó a los familiares durante las jornadas posteriores al incendio.

Cinco días después del hecho, las preguntas principales siguen siendo quién provocó el fuego, cuáles fueron las circunstancias que ocasionaron la muerte de Martina y qué elementos permitirán a la Justicia determinar responsabilidades. La familia busca respuestas y el expediente debe avanzar sobre pruebas verificables, sin reemplazar el trabajo judicial por versiones o especulaciones. (Fuente: El Diario Nuevo Día)