El impuestazo ya tiene fecha y un sector clave de Tierra del Fuego no piensa pagarlo

El proyecto de Presupuesto 2027 que el Ejecutivo provincial presentó a fines de agosto empieza a chocar con un frente que se agranda. Legisladores de distintos bloques y referentes del comercio y el turismo rechazan el paquete de aumentos impositivos, mientras el Gobierno defiende los cambios como una cuestión de equidad fiscal.

La iniciativa todavía espera que la Legislatura vuelva a sesionar para tomar estado parlamentario y empezar a discutirse en comisión. El texto incluye cambios en alícuotas de distintas actividades, modificaciones en el Impuesto de Sellos y la suspensión durante 2027 de las reducciones de Ingresos Brutos que hoy benefician a contribuyentes cumplidores. Quienes accedían a descuentos del 15% o del 8% pasarían temporalmente a pagar el 100% del impuesto determinado.

Los legisladores que ya dijeron no

Jorge Lechman (Somos Fueguinos) adelantó que no acompañará lo que definió como un “impuestazo”. Para el legislador, la Provincia debe revisar primero el nivel y el destino del gasto antes de trasladar mayores costos al sector privado. También cuestionó las proyecciones del Presupuesto y advirtió sobre las dificultades que atraviesan los proveedores para cobrar.

Federico Sciurano (FORJA) anticipó que rechazará los incrementos que alcancen a la actividad comercial. Sostuvo que el Presupuesto proyecta para 2027 un déficit económico de aproximadamente $54 mil millones y uno financiero cercano a $137 mil millones, pero remarcó que al análisis hay que sumarle el efecto de la reforma tributaria: según su cálculo, los cambios podrían representar unos $200 mil millones.

“El que vos puedas incrementar las alícuotas que ya hoy se están pagando es prácticamente imposible para la gran mayoría de todo lo que tiene que ver con el sector comercial doméstico de Tierra del Fuego”, afirmó Sciurano.

Matías Lapadula (Provincia Grande), presidente de la Comisión de Presupuesto, sumó otro argumento: el proyecto provincial deberá reformularse a partir de las estimaciones que se incorporaron después al Presupuesto nacional. Según explicó, Nación proyectaría para Tierra del Fuego ingresos por coparticipación alrededor de un 30% superiores a los calculados por el Ejecutivo provincial. La diferencia podría representar unos $150 mil millones adicionales y, si esos números se confirman, habría que revisar tanto la reforma tributaria como la autorización para tomar deuda.

El comercio y el turismo, en alerta

El presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Daniel González, sostuvo que los comerciantes no están en condiciones de absorber un nuevo incremento de impuestos y reclamó revisar el gasto provincial antes de aumentar la carga sobre las empresas. Puso el foco en Ingresos Brutos y advirtió que una mayor presión tributaria puede reducir la rentabilidad de los establecimientos o trasladarse a los precios.

“El aumento de impuestos funciona con desinversión, con más desempleo y con menos ganas de pagar. No es una cuestión de voluntad: el sector privado no puede más”, planteó González.

Desde el turismo, Ángel Brisighelli —socio gerente de Rumbo Sur, director del consorcio hotelero Grupo Albatros y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR)— cuestionó especialmente el incremento previsto para las agencias de turismo: la alícuota pasaría del 2% al 8%, es decir, se cuadruplicaría.

Brisighelli sostuvo que las empresas no tienen margen para absorber ese aumento y que la mayor carga terminará incidiendo en los costos. Advirtió además que el efecto no se limita a las agencias, porque la actividad integra una cadena que incluye alojamiento, transporte, gastronomía y guías, por lo que los cambios pueden acumularse y reflejarse en los precios. Para el empresario, ese escenario afectaría la competitividad de Tierra del Fuego frente a otros destinos. “Estamos yendo a contramano del mundo”, afirmó.

Qué dice el Gobierno

El mensaje de elevación del Presupuesto ubica las modificaciones tributarias dentro de una estrategia para fortalecer los recursos propios frente a las restricciones financieras de la Provincia. El proyecto fue formulado con un déficit financiero cercano a los $138 mil millones y plantea afrontarlo con control del gasto y de caja, reorganización administrativa, fortalecimiento de la recaudación y herramientas de financiamiento.

El texto no desarrolla una explicación particular para cada cambio de alícuota. Esa defensa la hizo después el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, quien sostuvo que la modificación responde a un criterio de “equidad fiscal” y que hay actividades con tratamientos tributarios diferentes que deben revisarse.

Según Barrozo, los cambios alcanzan aproximadamente al 25% de las actividades del nomenclador y, dentro de ese universo, alrededor de la mitad tendría una variación de 0,5 puntos porcentuales. El ministro estimó que las modificaciones de alícuotas permitirían recaudar unos $30 mil millones adicionales y que los cambios en el Impuesto de Sellos aportarían otros $10 mil millones, con un efecto conjunto cercano a los $40 mil millones.