El ICE paga US$100 millones para espiar los vínculos de los migrantes: la advertencia de la ACLU

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) puso en marcha un programa de 100 millones de dólares para contratar analistas de inteligencia que crucen datos personales y redes de contactos de migrantes. La iniciativa, conocida como ERO ONE, encendió las alarmas de las organizaciones de derechos civiles, que advirtieron sobre un esquema de vigilancia masiva sin sospecha previa de delito.

Qué es ERO ONE y cómo funciona

El nombre oficial del proyecto es Enforcement and Removal Operations Overwatch and National Security Enforcement. Según los documentos de contratación federal que revelaron su existencia en septiembre de 2026, el programa prevé la incorporación de contratistas privados para investigar, evaluar e integrar información de fuentes autorizadas.

Los analistas contratados tendrán una tarea central: examinar volúmenes masivos de datos para detectar personas que no están sospechadas de ningún delito. A eso se suma el cruce de información sobre redes, enlaces y relaciones personales dentro de la sociedad estadounidense, con herramientas de tecnología avanzada e inteligencia artificial.

El personal especializado también deberá identificar tendencias, patrones, amenazas e interrupciones en la información para elaborar informes operativos. La estructura contempla la asignación de analistas en las distintas oficinas de campo de la agencia migratoria en todo el país.

La advertencia de la ACLU

En un comunicado difundido el 19 de octubre, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) calificó la iniciativa como un organismo de policía secreta doméstica. Para la organización, el programa redirige la vigilancia policial hacia el interior de la sociedad civil y de los ciudadanos.

La ACLU sostuvo que analizar redes sociales y vínculos personales equivale a una vigilancia masiva sin sospecha previa de delito. Según la entidad, esa metodología se apoya en la culpa por asociación para ampliar el círculo de personas bajo investigación federal.

La organización también alertó que la identificación de amenazas mediante algoritmos e inteligencia artificial generará falsas sospechas sobre ciudadanos inocentes. Y expresó su preocupación por el señalamiento de activistas, organizaciones sin fines de lucro y donantes de la sociedad civil.

Otro de los puntos que marcó la ACLU es el uso de empresas privadas para estas tareas, que a su criterio permite esquivar los límites constitucionales sobre la privacidad de los datos. La entidad advirtió sobre el riesgo de que las firmas comerciales accedan de forma directa a la información del gobierno.

Un contexto de vigilancia que se amplía

De acuerdo con la ACLU, ERO ONE se suma a otras iniciativas de vigilancia masiva que ya aplican las agencias migratorias de Estados Unidos. La Patrulla Fronteriza, por ejemplo, recopila datos de lectores automáticos de matrículas para rastrear los patrones de viaje de conductores en todo el territorio nacional.

A la vez, el gobierno federal consolida bases de datos gubernamentales con información de ciudadanos y residentes legales. Esas herramientas informáticas cruzan registros públicos y privados en el marco de la campaña nacional de deportaciones.

El pedido al Congreso

Frente a este escenario, la ACLU reclamó la intervención inmediata del Congreso federal para fiscalizar las operaciones del programa. La organización exigió que se definan los límites de la misión, el alcance de la inteligencia artificial y los controles sobre los datos personales.