El huevo paga 21% de IVA y ahora quieren bajarlo a la mitad: qué pasará con los precios

Un grupo de diputados busca que el huevo deje de pagar la alícuota más alta del IVA y pase a tributar como el resto de las proteínas animales. La iniciativa, que impulsa el PRO y que ya tiene respaldo de la industria, podría colarse en la discusión del presupuesto.

El diputado nacional del PRO Javier Sánchez Wrba trabaja en un proyecto para reducir del 21% al 10,5% el IVA que grava al huevo y a sus derivados. La propuesta toma como base una iniciativa que Alicia Fregonese presentó en 2020, durante su mandato anterior, y que apunta a equiparar la carga impositiva del producto con la de otras carnes.

“Queremos discutirlo en el marco del tratamiento del presupuesto”, confirmó Sánchez Wrba a LA NACION. El legislador mantiene conversaciones con el oficialismo y avanza junto a otros integrantes de su bloque.

Qué alcanza la rebaja

El proyecto original de Fregonese contemplaba huevos frescos, líquidos, deshidratados y fecundados, además de ovoproductos de todas las especies aviares. En sus fundamentos advertía que la diferencia de alícuotas con otras proteínas animales fomentaba la informalidad y sostenía que la reducción ayudaría a formalizar la cadena.

En el Congreso también hay una iniciativa de los diputados entrerrianos Guillermo Michel y Marianela Marclay, de Unión por la Patria, que propone bajar al 10,5% el IVA de los huevos frescos y los ovoproductos. Además, circuló un proyecto del diputado de La Libertad Avanza Andrés Ariel Laumann, que no prosperó.

Los fundamentos de ambos proyectos recuerdan que la reforma fiscal de 2017 redujo al 10,5% la alícuota de las carnes de pollo, conejo, cerdo, camélidos y caprinos, para igualarlas con la bovina. El huevo y sus derivados quedaron afuera de ese cambio.

El respaldo de la industria

Desde la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia) apoyan la baja y sostienen que, además de aliviar la carga fiscal sobre el consumo, permitiría reducir la informalidad. Javier Prida, director ejecutivo de la entidad, dijo a LA NACION que la reducción sería beneficiosa “para el país, para los consumidores y para los productores, principalmente los que están más formalizados”.

Para Prida, la diferencia de alícuotas se combina con una competencia desigual dentro de la propia actividad. “El productor que más o menos quiere hacer las cosas bien primero compite con otras proteínas que tienen el 10,5%. Además, puertas adentro del sector, compite con otros productores que cobran el 21% y no lo transfieren al Estado: se lo quedan”, afirmó. Y agregó: “Tenemos competencia desleal con distintas proteínas y también dentro del sector”.

El directivo contrastó las ventas a supermercados, empresas alimenticias y grandes superficies, que describió como operaciones “100% en blanco”, con circuitos de distribución en los que, según advirtió, se pierde la trazabilidad. “No hay ningún papelito, no hay ningún respaldo de factura; nada”, puntualizó.

El proyecto de Fregonese ya planteaba esa preocupación: en sus fundamentos vinculaba la informalidad con la subdeclaración de pollas y ponedoras, y advertía sobre sus consecuencias fiscales y sanitarias.

Prida consideró que una alícuota menor reduciría el incentivo para evadir. “En cambio, con el 10,5%, es tan bajito el premio que es preferible ordenarlo, hacer las cosas bien y pagarlo como corresponde”, precisó. También vinculó la situación con las exportaciones, donde los plazos de cobro y de recuperación del IVA contrastan con las ventas al contado en granja. “El mercado interno es mejor negocio y más informal que el externo”, afirmó.

El peso del huevo en la mesa argentina

El consumo del producto es uno de los argumentos de los legisladores entrerrianos. Según los fundamentos de su proyecto, que citan el Informe Productivo 2025 de Capia, la producción alcanzó los 18.970 millones de huevos, un 8,82% más que en 2024, y el consumo llegó a 398 unidades por habitante al año. Eso ubica a la Argentina como el mayor consumidor mundial de huevos y, según el texto, la equiparación permitiría competir con otras proteínas en igualdad de condiciones impositivas.

El impacto en las cuentas públicas

Uno de los puntos de discusión es el efecto sobre la recaudación. Al sector le hicieron llegar la preocupación del Gobierno por el costo fiscal inicial. Pasar del 21% al 10,5% provocaría una caída de la recaudación en una primera etapa, aunque la formalización permitiría revertir ese resultado al terminar el año fiscal.

“Todas las simulaciones que hacemos dicen que el Estado, en los primeros seis meses, va a perder alrededor de 70 millones de dólares de recaudación, pero en los segundos seis meses va a recuperar 110 millones de dólares. O sea que, en el balance, el Estado termina ganando 40 millones de dólares”, afirmó Prida. Se trata de una proyección de Capia basada, según el directivo, en estimaciones de producción bruta y facturación con un precio base en granja bajo ambas alícuotas. Dijo que los cálculos fueron compartidos con los diputados y realizados con un estudio contable.

La diferencia entre el IVA de las ventas y el de algunos insumos es otro aspecto que el sector contempla. Según Prida, el maíz y la soja representan el 60% de los costos y tributan al 10,5%, al igual que la genética y las pollas recriadas. “Yo tengo una matriz de costos con el 80% al 10,5%. Después, el resto es del 21%”, explicó. Estimó que quedaría un crédito fiscal de entre 2,5 y 3 puntos y aseguró que el sector está dispuesto a resignarlo: “La industria, el sector productivo, está dispuesto a perder ese 2,5% o 3% para que esto se sincere y fluya”.

La expectativa de la cámara es que la reducción impulse la declaración de producción, insumos y trabajadores. “Va a haber que declarar más alimento y más empleados. O sea, se genera un circuito virtuoso”, sostuvo Prida.