El hombre de confianza de Báez que la Justicia mira por una doble vida narco

La Justicia federal puso la lupa sobre los lazos entre Lázaro Báez y Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como "Budín". Según las sospechas de los investigadores, este último no solo sería un presunto jefe narco que operaba en Santa Cruz, sino también uno de los hombres de confianza del empresario condenado por corrupción.

La hipótesis que intentan confirmar los pesquisas es que Ibáñez cumplía un doble papel. Por un lado, integraba una organización dedicada al transporte y la distribución de cocaína. Por otro, formaba parte de una estructura que habría permitido a Báez seguir manejando y explotando bienes de origen ilícito a pesar de los embargos judiciales.

El expediente nace de dos causas conexas —una por narcotráfico y otra por lavado de activos— que desembocaron en 27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires, con varias detenciones. Entre los arrestados están el propio Ibáñez y Claudia Insaurralde, pareja de Báez, que tenía injerencia en la administración de las propiedades del empresario mientras este estaba detenido.

El objetivo: reconstruir el vínculo

Una de las metas centrales de la investigación es armar el mapa de la relación entre Báez y "Budín" y determinar si hubo maniobras coordinadas para administrar y poner en circulación dinero ilícito en el mercado formal.

En ese marco, los investigadores analizan las comunicaciones entre los involucrados. La Justicia también ordenó revisar la celda de Báez en el penal de Ezeiza en busca de documentación, teléfonos y otros elementos que aporten datos sobre las presuntas maniobras. Tras el procedimiento, el empresario quedó incomunicado.

Cómo funcionaba la presunta banda narco

Una de las líneas de la causa apunta a una supuesta organización que transportaba cocaína mediante camiones de una empresa transportista y que habría operado al menos desde diciembre de 2025.

De acuerdo con la hipótesis judicial, la distribución de los estupefacientes estaba en manos de dos hombres. Uno de ellos administraba un lavadero que habría funcionado como punto de entrega de la droga. En esa estructura aparece mencionado "Budín" Ibáñez, señalado como uno de los presuntos responsables de las maniobras bajo investigación.

Otros nombres que figuran en los expedientes son Juan Pablo Borquez, Jorge Manuel Ulloa y Pedro Nahuel Leal. La Justicia intenta establecer qué rol tuvo cada uno y cómo se conectaban las operaciones investigadas.

A medida que avanzó la causa por narcotráfico, los investigadores abrieron otra línea: la posible existencia de una organización encabezada por Báez desde la cárcel, dedicada a administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito que habrían quedado fuera del alcance de las medidas de ejecución de sus condenas.

La sospecha es que uno de los integrantes de esa estructura también tenía un papel central en la banda narco. Ese punto fue el que llevó a la Justicia a profundizar el vínculo entre Báez e Ibáñez.

Quién ordenó los operativos

Los procedimientos fueron dispuestos por el juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, a pedido de la Unidad Fiscal de esa ciudad, encabezada por Julio Zárate, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), con intervención del fiscal Diego Velasco.

Los operativos se realizaron en Río Gallegos, El Calafate, distintas estancias de Santa Cruz y propiedades en Buenos Aires. Participaron la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.

En los allanamientos se secuestraron cerca de 30 vehículos, cocaína, marihuana, armas de fuego y documentación considerada clave. También se dictaron embargos y otras medidas patrimoniales, además del levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados.

La detención en Aeroparque

Uno de los procedimientos más relevantes fue la detención de Claudia Insaurralde en el Aeroparque Jorge Newbery. La mujer había llegado desde Río Gallegos en un vuelo de Aerolíneas Argentinas junto a Ibáñez y Valentina Devetac, quienes también quedaron arrestados.

Los investigadores sospechaban que los tres podían intentar abandonar el país para eludir a la Justicia. Durante el operativo se secuestraron cuatro valijas grandes.

Entre los otros nombres mencionados en la investigación aparecen Fausto Ignacio Devetac y Jorge Elías Agustín.

La sombra de los alquileres millonarios

El expediente también vuelve a poner bajo la lupa cómo se administró el patrimonio del empresario durante los años en que estuvo privado de su libertad.

En julio de 2025, TN reveló que Báez había facturado $172 millones entre 2020 y 2025 mediante el alquiler de inmuebles, muchos de ellos alcanzados por medidas cautelares de la Justicia. Los investigadores detectaron que el empresario seguía percibiendo ingresos por propiedades que debían quedar sujetas a la ejecución de sus condenas.

Entre los contratos identificados figuraba el de Claudio Ángel Kirchner, sobrino del expresidente Néstor Kirchner, que había pagado más de $5,5 millones por el alquiler de una vivienda en Río Gallegos durante ese período.

La Justicia también había puesto el foco en el rol de Insaurralde, quien contaba desde 2020 con un poder para intervenir en cuestiones comerciales y administrativas en representación de Báez. La sospecha era que algunos de esos movimientos podrían haber servido para mantener bienes o ingresos fuera del alcance de los embargos, mediante la administración de terceros.

Báez cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas conocidas como Ruta del Dinero K y Vialidad. En la primera fue condenado por lavado de activos agravado; en la segunda, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.