El hacker que expuso los recibos de Weretilneck pidió un juicio a puertas cerradas
El único imputado por filtrar los sueldos del gobernador rionegrino enfrentó este miércoles su primera audiencia. Su defensor hizo un pedido que sorprendió a todos. La respuesta del juez, el lunes.
La primera audiencia judicial por el acceso ilegítimo al legajo del gobernador Alberto Weretilneck se celebró este miércoles en Viedma, con la defensa del único imputado planteando que el caso debería tratarse como una acción privada y que el debate se realice a puertas cerradas.
El hecho salió a la luz a fines de junio, cuando el investigado —cuya identidad está bajo reserva por orden judicial— difundió copias de recibos de sueldo del mandatario. Días después, el gobierno provincial confirmó oficialmente la filtración de información reservada de sus sistemas informáticos, aunque aclaró que se trató de un acceso no autorizado y no de un allanamiento, como circularon falsamente en algunos medios.
La investigación, a cargo de la fiscalía de Viedma, suma varias medidas: el secuestro de una CPU en Altec que había sido retirada de la Casa de Gobierno y que, según la pesquisa, habría sido utilizada por el acusado, además de testimonios en la Secretaría de la Función Pública y entrevistas a técnicos de la empresa estatal de tecnología.
Los planteos de la defensa
En la audiencia de este miércoles, el defensor Santiano Güenomil pidió que el debate fuera privado para preservar la identidad de su cliente y evitar que se difundan detalles confidenciales del sistema informático, que podrían generar “un ingreso masivo” y un “perjuicio grave” para la red pública provincial.
La fiscal Yanina Estela rechazó esos riesgos, y el juez Carlos Dvorzak desestimó el pedido de audiencia cerrada, aunque ordenó que los medios no publiquen el nombre ni imágenes que permitan reconocer al imputado.
La defensa también sostuvo que el delito investigado sería de acción privada, por lo que la fiscalía debería apartarse y el propio gobernador tendría que impulsar la causa. Estela defendió el carácter público del delito y recordó que la ley agrava la pena cuando el acceso afecta a un organismo estatal.
La discusión gira en torno al artículo 153 bis del Código Penal, que castiga el acceso ilegítimo a sistemas o datos informáticos de acceso restringido, con una escala mayor cuando se trata de un organismo público o de un proveedor de servicios públicos o financieros.
El juez Dvorzak dejó pendiente la resolución sobre ese punto y dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 7. Para esa fecha, la defensa también anticipó que cuestionará los peritajes realizados, en particular sobre la CPU secuestrada.
