El guardiacárcel que controlaba los ingresos al penal, ahora detenido por lo que entraba

La Policía Federal Argentina allanó el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) en el marco de una investigación de la Justicia Federal y detuvo a un agente acusado de formar parte de una red que ingresaba y distribuía sustancias y objetos prohibidos dentro del penal. El procedimiento, ordenado por el juez Daniel Piedrabuena, incluyó requisas en pabellones donde están alojados dos internos vinculados a la causa.

La directora del SPP, Analía Tello, confirmó a Medios Rioja que la institución colaboró con el operativo. En un primer rastrillaje no aparecieron elementos sospechosos, pero una segunda inspección más profunda terminó con el secuestro de un teléfono celular no autorizado en poder de un interno y del celular personal del empleado penitenciario investigado.

Un controlador que habría mirado para otro lado

El agente detenido tiene 12 años de antigüedad en la fuerza y cumplía funciones como encargado de los controles de ingreso, justo el puesto clave para la hipótesis principal de la investigación: que el funcionario usaba su posición para hacer la vista gorda o participar activamente en la recepción y distribución de elementos prohibidos que llevaban familiares de internos.

Tras la orden judicial, el empleado fue suspendido y apartado de sus funciones de manera inmediata.

Un segundo imputado y penas de hasta cinco años

En paralelo se conoció la detención de un segundo funcionario penitenciario, imputado por portación y presunta distribución de sustancias prohibidas dentro de la penitenciaría. Esa causa es anterior a la del sujeto detenido el lunes en el penal.

Ambos imputados enfrentan penas de hasta cinco años de prisión, con los agravantes correspondientes por tratarse de funcionarios públicos. Sus identidades se mantienen en reserva por orden de la justicia actuante.

La nueva cárcel, paralizada y sin fondos nacionales

Durante su intervención, Tello también se refirió al estado de la obra de la nueva cárcel provincial, hoy frenada por falta de financiamiento y recursos presupuestarios para una infraestructura de esa magnitud. La provincia ya había comprado 33 hectáreas ubicadas a 40 kilómetros de la Capital y elevado el proyecto técnico a la Nación, pero la obra necesita inversión federal.

La funcionaria remarcó que el penal aloja a internos a disposición de la Justicia Federal sin que Nación cubra los costos de su mantenimiento. Según detalló, mantener a un interno cuesta entre 25.000 y 30.000 pesos diarios, un número que incluye alojamiento, alimentación, medicación y asistencia profesional. A modo de comparación, señaló que provincias como Santa Fe perciben unos 42.000 pesos diarios por cada recluso federal alojado en dependencias provinciales.

El traspaso de la Alcaidía que evalúan

Por último, adelantó que se trabaja junto al Ministerio de Seguridad en un proyecto para que la Alcaidía —hoy bajo la órbita de la Policía Provincial— pase a ser gestionada por el Servicio Penitenciario. El argumento: son los profesionales capacitados específicamente para la atención y el manejo de personas en régimen de encierro.