El gremio que denunció al juez Díaz Lacava ahora pide que no se reencuentre con ellos

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que lidera Julio Piumato, elevó una presentación de urgencia al Consejo de la Magistratura para que, cuando el juez federal Pablo Díaz Lacava regrese al Tribunal Oral Federal de La Pampa, no tenga contacto directo con los trabajadores que lo denunciaron. El pedido apunta a evitar que el magistrado, tras el jury que no logró su remoción, vuelva a tener trato cotidiano con quienes lo acusaron de hostigamiento y violencia laboral.

La solicitud, firmada por Piumato y los propios denunciantes, busca que mientras se realiza una evaluación de riesgo institucional, no se produzca "contacto jerárquico, funcional o cotidiano directo" entre el juez y las personas que lo denunciaron. Según el gremialista, la medida es necesaria porque, al rechazarse la remoción del magistrado, "deberán volver a convivir laboralmente" con él.

Qué pide exactamente el gremio

El texto presentado ante el Consejo de la Magistratura reclama que se tomen "con carácter urgente" medidas para impedir ese contacto, y que ninguna protección para los denunciantes implique "traslado compulsivo, pérdida de funciones, menoscabo de carrera o desplazamiento de la carga" hacia quienes hicieron las denuncias. También piden que intervengan los organismos de bienestar laboral, derechos humanos, género y superintendencia competentes.

En paralelo, la UEJN pidió a los consejeros que evalúen la "aclaratoria legalmente prevista" y otras vías que el ordenamiento les reconozca, y dejó "expresa reserva" de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, incluida la posibilidad de solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana.

Los argumentos de los denunciantes

Para los trabajadores, el jury tuvo por acreditados hechos graves de "violencia, acoso, intimidación" y afectaciones a la integridad personal, pero la decisión final modificó su significación jurídica. Sostienen que esas conductas, ocurridas dentro de una dependencia judicial, "no pueden degradarse a una mera fricción o problema de convivencia". Y cuestionan: "¿El mensaje institucional es que la violencia ejercida puertas adentro pesa menos mientras la imagen externa y la calidad técnica del magistrado permanezcan incólumes?"

También plantean dudas sobre cómo se compatibiliza la orden de reintegro con los deberes de protección hacia las víctimas y el riesgo de revictimización.

Piumato insistió en que las medidas de protección no deben recaer sobre quienes denunciaron, y reclamó una evaluación de riesgo psicosocial independiente y un plan de retorno laboral seguro. "No puede existir un derecho a una vida y un trabajo libres de violencia para quienes acuden a los tribunales y un derecho disminuido para quienes trabajan dentro de ellos", sentenció.