El gremio judicial de Entre Ríos rechazó los aumentos "en negro" y apuntó contra una medida "inconstitucional"
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El gremio judicial de Entre Ríos rechazó los aumentos "en negro" y apuntó contra una medida "inconstitucional"

El gremio judicial de Entre Ríos salió a rechazar los aumentos "en negro" dispuestos por el Gobierno provincial y apuntó contra un artículo de la Constitución. Además, advirtió por el impacto que tienen sobre un sector jubilado que ya venía complicado.

La Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) salió a rechazar los aumentos "en negro" que el Gobierno provincial dispuso para los trabajadores judiciales. El gremio calificó la medida como "inconstitucional, injusta e insensible" y advirtió por el impacto que tiene sobre los jubilados.

En un comunicado, la entidad cuestionó la decisión del gobernador Rogelio Frigerio al sostener que ya aplicó ese mecanismo con los docentes entrerrianos. "El gobernador Frigerio dispuso, una vez más, aumentos en negro a los docentes entrerrianos a pesar de que la Constitución de la provincia lo prohíbe expresamente en su art. 82, inc. d. Todo incremento salarial, otorgado a partir de la presente Constitución, deberá estar sujeto a aportes y contribuciones", señalaron.

Los montos que observa AJER

El gremio identificó tres conceptos que se pagan por fuera de los haberes formales: el incentivo docente y conectividad, que oscila entre los $200.000 y los $340.000; la antigüedad de más de 10 años, con $50.000; y la diferencia hasta el mínimo, de $90.000.

Según AJER, esos montos "afectan también a todos los jubilados provinciales, que a partir de la reforma regresiva del gobierno, reciben como única forma de movilidad los aumentos del sector docente".

El doble perjuicio para los jubilados judiciales

El comunicado pone el foco en la situación de los trabajadores jubilados del Poder Judicial. "Se ven hoy doblemente perjudicados: porque el gobierno les quitó la movilidad de los cargos que lograron en su carrera y sobre los que aportaron, y porque no reciben lo que corresponde a los pagos en negro", expresaron.

Para el gremio, se trata de "un nuevo acto del gobernador en contra de los jubilados judiciales" y por eso ratificó su rechazo a una medida que considera "inconstitucional, injusta e insensible".

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