El gremio de taxistas y remiseros desafía la nueva ley: ¿qué buscan frenar en la Justicia?

El Sindicato de Taxistas y Remiseros de San Juan dio un paso clave este martes al presentar un recurso de amparo ante la Justicia local para frenar los efectos de la nueva Ley Provincial de Transporte. La medida busca proteger la fuente laboral de más de 1.800 trabajadores directos, cuyos ingresos sostienen a unas 4.000 personas más en talleres, comercios de repuestos y otros rubros automotrices.

¿Por qué el gremio considera que la ley es inconstitucional?

El secretario general del sindicato, Walter Ferreri, fue contundente al explicar los motivos de la presentación judicial en el fuero civil. Según el dirigente, la normativa "está mal hecha y mal reglamentada", y atenta contra preceptos constitucionales al provocar la pérdida de derechos adquiridos de los choferes históricos.

Uno de los puntos más criticados es la intención de dar de baja todas las licencias de taxi. "Le querían dar la baja a todas las licencias de taxi", advirtió Ferreri, quien aclaró que el gremio no se opone a erradicar el alquiler irregular de licencias, pero sí rechaza las medidas que perjudican a quienes trabajan legítimamente en las calles sanjuaninas.

La "uberización" de la economía, en la mira

El dirigente también apuntó contra la desregulación y el crecimiento de las plataformas digitales. Ferreri alertó sobre una "uberización de la economía" que, según dijo, destruye puestos de trabajo formales y genera una importante fuga de capitales provinciales. Esta situación, sumada a la pérdida de licencias, dejaría a cientos de familias sin sustento económico.

¿Qué irregularidades detectó el equipo legal?

La abogada del gremio, doctora Eliana Ramírez, detalló los aspectos legales de la presentación. Entre las principales irregularidades, señaló que la nueva ley abroga el marco anterior que regulaba la emisión proporcional de licencias según la cantidad de habitantes, afectando directamente el derecho a un sustento digno.

Además, denunció un trato desigual frente al transporte no regular, mencionado en el artículo 43. Mientras que el sector formal debe cumplir con rigurosos controles —como dos revisiones técnicas anuales, desinfecciones mensuales, carnet profesional con múltiples certificados y capacitaciones constantes—, las aplicaciones no enfrentan esas mismas exigencias.

¿Qué espera el sector tras el amparo?

Las autoridades gremiales explicaron que, luego de una primera instancia en la que la Justicia pidió ajustar los requisitos de admisibilidad, el amparo fue reafirmado con mayores fundamentos técnicos. Ahora, el sector confía en que los magistrados locales darán lugar al reclamo para salvaguardar no solo la subsistencia económica de las familias taxistas, sino también las garantías de seguridad vial y control en el servicio público provincial.