El Gobierno se desprende de dos gigantes eléctricos: los números que nadie dice

¿Cuánto pagarán por las dos centrales eléctricas que el Gobierno quiere vender? Los pliegos están listos y las cifras que se manejan en el mercado no son las únicas que importan.

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El Gobierno se desprende de dos gigantes eléctricos: los números que nadie dice
El Gobierno se desprende de dos gigantes eléctricos: los números que nadie dice

El Gobierno prepara el lanzamiento de los pliegos para privatizar las centrales eléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín, dos plantas de ciclo combinado que operan en Campana (Buenos Aires) y Timbúes (Santa Fe), respectivamente. La medida forma parte del plan oficial para desprenderse de las participaciones que Energía Argentina (Enarsa) mantiene en ambas compañías.

El Estado controla el 65% de Termoeléctrica Manuel Belgrano y el 68,83% de Termoeléctrica José de San Martín, por lo que la venta de esas acciones implicaría una transferencia millonaria. Cada central tiene una potencia instalada cercana a los 800 megavatios, lo que las convierte en activos de peso dentro del sistema energético nacional.

En los últimos meses, el Gobierno completó varios pasos administrativos previos. En agosto, la Secretaría de Energía autorizó el cambio de titularidad de la Central Manuel Belgrano a favor de la sociedad Termoeléctrica Manuel Belgrano, un movimiento clave para ordenar los activos antes de la subasta.

En el mercado energético estiman que las participaciones estatales podrían representar varios cientos de millones de dólares. Algunas valuaciones privadas ubican las operaciones alrededor de US$300 millones por compañía, aunque el Ejecutivo todavía no fijó públicamente un precio y el valor definitivo dependerá de los pliegos y de las ofertas que se presenten.

La venta se enmarca en el proceso de privatización de Enarsa, autorizado por el Gobierno en 2025. El esquema consiste en desprenderse progresivamente de sus participaciones accionarias y reorganizar los activos de generación, transporte de energía e infraestructura que todavía permanecen bajo su órbita.

Uno de los principales antecedentes ya se concretó este año. El Estado vendió su participación en Citelec, controlante de Transener, por US$356 millones a un consorcio integrado por Genneia y Edison Transmisión. La operación permitió retirar a Enarsa del capital de la principal transportista eléctrica del país.

Las privatizaciones también forman parte del programa financiero que presentó Luis Caputo. Economía proyectó US$800 millones de ingresos por este concepto durante 2026 y US$1500 millones para 2027, aunque el ministro aclaró que las estimaciones fueron confeccionadas con un criterio conservador y que algunos procesos pueden adelantarse.

Caputo mencionó específicamente a las centrales Manuel Belgrano y José de San Martín entre las operaciones que podían concretarse antes de terminar el año. La publicación de los pliegos será el próximo paso formal para determinar si ese objetivo todavía puede cumplirse o si la adjudicación quedará para 2027.

La privatización que se encuentra más avanzada es AySA. El Gobierno abrió el 15 de septiembre las propuestas técnicas para vender el 90% de las acciones estatales y avanzar con el ingreso de un operador privado. El futuro concesionario tendrá además compromisos de inversión superiores a US$2000 millones durante los primeros cinco años.

También está abierta la licitación del Belgrano Cargas. El Ejecutivo busca concesionar por 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que comprenden 7594 kilómetros de vías en 16 provincias. La apertura de ofertas está prevista para el 11 de noviembre.

En cambio, el Gobierno deberá volver a intentar la venta de Intercargo. La primera licitación por el 100% de la compañía quedó desierta en julio, cuando no se presentó ninguna oferta pese a que el proceso había establecido un precio base de US$45 millones. En Economía trabajan en un nuevo esquema para relanzarla.

Otro proceso pendiente es la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina. El esquema autorizado contempla vender el 44% de las acciones mediante una licitación nacional e internacional, reservar hasta un 5% para un programa de participación de los trabajadores y mantener el 51% bajo control estatal.

La agenda se completa con nuevas concesiones hidroeléctricas, otros activos energéticos de Enarsa y los gasoductos que actualmente administra la empresa. El Correo Argentino, en cambio, perdió prioridad: la Casa Rosada postergó su concesión por el papel que tendrá la empresa en la logística de las elecciones nacionales de 2027.

Con varios de los procesos originales ya adjudicados o en licitación, las dos centrales eléctricas aparecen ahora entre los próximos activos que el Gobierno busca poner formalmente en venta. La expectativa oficial es publicar los pliegos en breve y abrir una nueva etapa dentro del programa de privatizaciones de Enarsa.

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