El Gobierno prepara una sesión bomba en Diputados para fin de junio: los proyectos que quiere aprobar

La Casa Rosada busca armar una sesión grande en Diputados para fines de junio y, en paralelo, ordenar el Senado para tratar el resto de las reformas enviadas al Congreso. El objetivo es agrupar todo lo posible en la última semana del mes.

Este miércoles arranca el debate en comisiones. El oficialismo tiene previsto abrir la discusión del Súper RIGI en un plenario de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. También comenzará el tratamiento de la ley de lobby, bajo el nombre formal de Régimen de Gestión de Intereses, en Asuntos Constitucionales y Legislación General.

¿Qué busca el Súper RIGI?

El régimen apunta a incentivar inversiones de gran escala en sectores estratégicos como inteligencia artificial, data centers, baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y cadenas vinculadas al uranio. Incluye beneficios fiscales, aduaneros y regulatorios para proyectos de alto volumen de inversión.

Sin embargo, el debate con aliados no estará exento de tensiones. En el PRO y la UCR piden revisar el impacto sobre provincias y municipios, especialmente por los límites a Ingresos Brutos y tasas locales. También aparecen planteos para incorporar requisitos de proveedores nacionales y precisar qué actividades quedarán comprendidas como “industrias del futuro”. En el oficialismo creen que esos puntos pueden corregirse en comisión sin alterar el régimen.

La ley de lobby y otros proyectos

La ley de lobby es el segundo proyecto que el Ejecutivo quiere empujar en Diputados. El texto crea un registro de gestores de intereses, reportes trimestrales, obligaciones para declarar beneficiarios finales y un capítulo especial sobre intereses extranjeros. La discusión incluye el organismo de control, las sanciones administrativas y las penas para gestiones clandestinas o reportes falsos.

La intención es sumar a esa misma sesión otros proyectos si llegan en condiciones. Uno de los principales candidatos es el paquete de propiedad privada, que se votará este jueves en el Senado junto con el acuerdo para pagar US$171 millones a holdouts con sentencias firmes en el exterior. Si ambas iniciativas obtienen media sanción, el oficialismo intentará incorporarlas al temario de Diputados antes de fin de mes.

El caso de los holdouts tiene un condimento adicional: en el Gobierno advierten que el acuerdo necesita aprobación legislativa antes del 30 de junio. Por eso, si el Senado avanza este jueves, Diputados quedará bajo presión para tratarlo rápido.

En Diputados también están pendientes el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. El primero aparece con menor nivel de conflicto político. El segundo, en cambio, sigue atravesado por presiones internas y externas: es uno de los pedidos vinculados al acuerdo comercial con Estados Unidos, pero genera resistencia en sectores de laboratorios nacionales y en bloques opositores.

Por ahora, en el Gobierno no confirman si el tratado de patentes será incorporado a la sesión grande. El proyecto ya tiene dictamen, pero la Casa Rosada evita fijar una fecha.

El Senado, un cuadro más complejo

El oficialismo todavía no definió una estrategia cerrada para ordenar todos los proyectos que se acumulan en la Cámara alta. Además del tratamiento de propiedad privada y holdouts, allí ya ingresaron iniciativas como los cambios en etiquetado frontal y la reforma del régimen de sociedades trabajada por el equipo de Federico Sturzenegger.

También están en la Cámara alta los proyectos que llegaron con media sanción de Diputados, como Ley Hojarasca y Zonas Frías. En la Casa Rosada no los ubican dentro de la prioridad inmediata, pero tampoco quieren dejar que se acumulen sin una hoja de ruta.

La reforma electoral corre por otro carril. En el Ejecutivo la consideran una prioridad política, pero admiten que no creen que llegue a votarse en junio. Los cambios en Salud Mental y Discapacidad tampoco tienen agenda definida.

A ese tablero se sumará la reforma de Inocencia Fiscal. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el Ejecutivo enviará al Congreso una versión renovada del régimen, después de recibir observaciones de contadores y especialistas tributarios. La iniciativa apunta a dar más seguridad jurídica y relanzar el ingreso de dólares del colchón al circuito formal. En el oficialismo entienden que el proyecto ingresará por el Senado.