El Gobierno no cumple con la ley y las universidades preparan una nueva marcha federal

El incumplimiento del fallo de la Corte Suprema que obliga al Gobierno a ejecutar la ley de financiamiento universitario fue el eje de la cumbre que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizó el jueves y viernes en Bariloche. Allí, los rectores resolvieron convocar a una nueva marcha federal para octubre.

"Hubo una votación y se autorizó a presidencia y vice a coordinar con las representaciones docentes, no docentes y estudiantes una nueva marcha federal para octubre", confirmaron desde el CIN, el organismo que organizó las multitudinarias protestas contra el ajuste de Javier Milei.

Una fecha tentativa y un plan de lucha

La fecha tentativa es el lunes 5 de octubre, con punto de concentración aún a definir. "La necesidad salarial y presupuestaria no pueden esperar y no vamos a mirar pasivamente cómo desmantelan el sistema universitario nacional. Llamamos a construir una V Marcha Federal Universitaria, a realizarse la primera semana de octubre", ratificaron desde el frente sindical.

Antes de esa movilización, el Gobierno tiene dos instancias abiertas para intentar desactivar el conflicto: la paritaria docente, que sigue sin acuerdo, y la presentación del proyecto de presupuesto 2027. Sin embargo, el clima no es de expectativa: tras el fracaso de la primera reunión salarial, los trabajadores lanzaron un plan de lucha que incluye un paro nacional para este martes 8 de septiembre, clases públicas la semana próxima y un acto en Palacio Pizzurno la siguiente.

"Si sale mal la paritaria habrá chances de una medida para que la población salga nuevamente", reconocen en un gremio docente. "Estamos en una instancia de negociación porque hay una paritaria abierta. Queremos que las medidas vayan escalando", analiza un representante de los docentes.

El presupuesto 2027 y la pérdida de poder adquisitivo

En la cumbre, los rectores aprobaron el proyecto de presupuesto 2027, en el que estimaron el costo anual de las universidades en 11 billones de pesos. Además, gremios y universidades calculan una pérdida cercana al 40% del poder adquisitivo de los salarios y un ajuste real del presupuesto de funcionamiento de alrededor del 50%.

La ley de financiamiento universitario fue sancionada el año pasado por el Congreso, luego vetada por el Presidente y finalmente ambas cámaras rechazaron esa decisión. La ley debía promulgarse y ejecutarse, pero el Poder Ejecutivo impidió materialmente su aplicación mediante un decreto. Las universidades recurrieron a la justicia y la Corte desestimó el recurso extraordinario del Estado.

La defensa de la universidad pública ya logró movilizaciones masivas contra el Gobierno, y desde el CIN apuestan a ese antecedente para volver a incidir en la discusión del presupuesto 2027, que ahora estará en manos del Congreso.