El gobierno neuquino echó a cinco estatales y uno se complicó solo: puso su dirección para recibir las tarjetas

El Gobierno de Rolando Figueroa sumó este viernes cinco nuevas exoneraciones y cesantías en la administración pública neuquina. Con estos casos, la semana cerró con 13 despidos, una cifra que incluye a los siete agentes separados el lunes y a la exempleada que desfalcó al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Entre los nuevos expulsados hay un empleado administrativo con una causa judicial por estafa y cuatro agentes que acumularon faltas injustificadas, según informó el Ejecutivo provincial.

El administrativo que usó la cuenta de su jefa

El Ejecutivo convalidó una resolución del Consejo Provincial de Educación (CPE) y exoneró a Martín Alfredo Martínez, empleado administrativo del Distrito Escolar V, con sede en Chos Malal.

Le atribuyeron haber hecho transferencias, pagado servicios y realizado compras desde la cuenta bancaria de una de las autoridades del organismo. La maniobra, que los auditores dieron por acreditada, ocurrió entre mayo y septiembre de 2024. En ese período también le endilgaron haber pedido dos tarjetas de crédito a nombre de la mujer, pero con un error que lo delató: consignó su domicilio particular para recibir los plásticos.

El caso llegó a la Justicia Penal neuquina, donde le iniciaron una causa por estafa. En agosto de 2025, Martínez se acogió a la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. En el expediente se señaló que "la gravedad del cuadro fáctico fue refrendada por la instancia penal" y que, aunque el beneficio le permitió "evitar una condena efectiva en sede judicial", representó "un reconocimiento tácito de los hechos".

"La conducta desplegada resulta inadmisible e incompatible con la función pública, configurando un quebrantamiento de la confianza y la dignidad del cargo que el Estado exige a sus dependientes", agregó el documento.

Los cuatro cesanteados por abandono de cargo

Las otras cuatro cesantías recayeron sobre agentes de distintas reparticiones, todos acusados de abandono de cargo por inasistencias injustificadas.

Carina María de Luján Miñana, de planta permanente de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, faltó sin justificación entre el 2 de enero y el 23 de julio de 2024.

Gonzalo Agustín Pinilla, también de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia, acumuló inasistencias injustificadas entre el 2 y el 31 de enero, y los días 2, 7, 16, 21, 22 y 23 de febrero de 2024.

En el documento oficial recordaron que el personal está obligado a cumplir con la "prestación del servicio con eficacia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma que determinen las disposiciones vigentes".

Patricia Elizabeth Zapata, de la planta permanente de la dirección provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, registró faltas continuas desde el 1 de marzo hasta el 17 de mayo de 2024. Cuando la citaron a declarar, no se presentó a ejercer su defensa.

Luciano Andrés Zupanovich, del mismo ministerio, faltó sin justificación los días laborables entre el 2 de enero y el 30 de agosto de 2024.

El gobierno ordenó investigar si estos ex agentes cobraron las jornadas no trabajadas. Si se comprueba, les exigirán la devolución del dinero. En caso de negarse, se instruirá a la Fiscalía de Estado para que inicie acciones legales.