El Gobierno mete la reforma del Código Penal en el congelador: qué pasará con las penas que prometió
El Gobierno quiere tener la reforma del Código Penal lista para mandar al Congreso y usarla como bandera de campaña, pero antes tiene que resolver una interna que ya dejó varios borradores en el camino. Qué delitos y qué penas quedan en pie es la pregunta que todavía no tiene respuesta.
La Casa Rosada quiere que la reforma del Código Penal llegue al Congreso antes de que termine el año y que la discusión se transforme en uno de los ejes de la campaña presidencial de 2027. Para eso retomó las negociaciones internas sobre el alcance del texto y sostiene que la iniciativa se presentará como una reforma conjunta, y no dividida en una serie de proyectos.
En Balcarce 50 aseguran que el proyecto que presentó en Diputados Virginia Gallardo para modificar penas y reglas de prescripción no altera esa hoja de ruta. Cerca de la conducción legislativa explican que esa iniciativa buscó instalar algunos temas de la agenda penal, pero que no forma parte de una estrategia para reemplazar ni fragmentar la reforma que prepara el Ejecutivo.
La pulseada entre Justicia y los revisores
El punto central sigue siendo cerrar las diferencias entre el Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques, y los equipos que intervienen en la revisión jurídica del proyecto. Entre ambas áreas circularon varios borradores durante los últimos meses y en el Gobierno reconocen que todavía existen discusiones sobre la extensión definitiva del articulado.
Una de las alternativas que gana terreno es recortar aproximadamente la mitad de la reforma original para alcanzar un texto intermedio. La primera versión superaba los 900 artículos y planteaba una modificación mucho más amplia del Código vigente, mientras que Justicia propuso después una intervención más acotada sobre su estructura actual.
En el Ejecutivo sostienen que las diferencias se redujeron y que todavía existe margen para un acuerdo antes de diciembre. La definición marcará también qué cambios ingresarán finalmente al Congreso y cuáles quedarán afuera de una iniciativa que atravesó distintas revisiones desde fines de 2025.
Una reforma de una sola pieza
La decisión política es que no se envíen por separado los principales capítulos de la reforma. Esto marca una diferencia con la posibilidad que se había analizado de avanzar primero con un paquete puntual de endurecimiento de penas mientras continuaba la discusión sobre una modificación más amplia del Código Penal.
Qué incluye el borrador que circula
El texto que circula dentro del Gobierno incluye un aumento de las penas para distintas modalidades de robo y hurto, entre ellas los delitos cometidos con vehículos, las entraderas y las salideras. El uso de un vehículo para facilitar el robo o la fuga aparece como agravante y puede llevar la pena hasta los 15 años.
También se propone crear un delito específico para determinadas actividades de cuidacoches sin autorización, con agravantes cuando exista violencia, participación de una organización o utilización de armas. El texto incorpora además como agravante el uso de drogas u otras sustancias para anular la voluntad de una víctima y cometer un robo.
Otro capítulo modifica las reglas de legítima defensa. La propuesta establece una presunción favorable a quien se defiende cuando existan dudas sobre la necesidad racional del medio utilizado, amplía la protección dentro de una vivienda y contempla un tratamiento específico para agentes de seguridad que empleen la fuerza frente a un peligro grave e inminente.
El proyecto incorpora además cambios en materia de prescripción. Los delitos sancionados con prisión perpetua pasarían a ser imprescriptibles y el límite máximo de prescripción para otros delitos subiría de 12 a 15 años. También se incorporan nuevas causales para suspender o interrumpir esos plazos.
Cárceles, fraude y delitos contra menores
La reforma alcanza además a las cárceles, donde propone penalizar el ingreso de teléfonos celulares y endurecer las sanciones por tenencia de armas, y suma delitos vinculados con el ingreso irregular al país, las estafas piramidales, la suplantación de identidad y nuevas modalidades de fraude.
Otro bloque está concentrado en delitos contra menores. El texto amplía las figuras vinculadas con captación de menores por medios digitales, material de abuso sexual infantil, venta de niños e impedimento de contacto, además de aumentar las escalas penales previstas para distintas conductas.
El documento incluye también un endurecimiento general del régimen penal del narcotráfico y busca concentrar en el Código Penal delitos que actualmente están distribuidos en legislación especial. El Gobierno viene vinculando esa discusión con otras medidas de política criminal y con la implementación del sistema acusatorio federal.
La seguridad como bandera electoral
La dimensión electoral quedó incorporada a la discusión interna. En sectores de la Casa Rosada plantean que la seguridad y el endurecimiento de la respuesta penal integrarán, junto con el plano macroeconómico, los principales ejes que el oficialismo buscará instalar rumbo a 2027. También pretenden vincular la reforma con las políticas aplicadas durante la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad.
El próximo paso será cerrar la versión definitiva entre Justicia y los equipos que revisan el articulado y definir la fecha de ingreso al Congreso. La decisión política que transmiten en Nación es enviarlo antes de fin de año, preservar una reforma suficientemente amplia y utilizar su discusión parlamentaria como parte de la agenda de seguridad que el Gobierno pretende proyectar durante el próximo año electoral.
