El Gobierno logró un paso clave: la Justicia frenó la ley de financiamiento universitario

La Justicia frenó la ley de financiamiento universitario. ¿Qué significa esto para las universidades? Conocé los detalles del fallo que paraliza la medida cautelar.

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El Gobierno logró un paso clave: la Justicia frenó la ley de financiamiento universitario

El Ministerio de Capital Humano informó que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario federal presentado por el Gobierno nacional en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión judicial suspende la ejecución de una medida cautelar hasta que la Corte Suprema se expida de manera definitiva.

Según el comunicado oficial, la presentación se realizó en el marco de la causa “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986” (CAF 039475/2025). El recurso fue presentado contra la sentencia del 31 de marzo de la Sala III de la Cámara, integrada por los jueces Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira, y incluyó el pedido de efecto suspensivo, que fue concedido por el tribunal.

¿Qué dijo el Gobierno sobre la decisión?

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, señaló: “La llamada ‘ley de financiamiento universitario’, impulsada con la intención de destruir el equilibrio fiscal, está suspendida. Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar hasta tanto se expida, de manera definitiva, la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El comunicado recordó además que mediante el Decreto N° 759/25 se promulgó la Ley N° 27.775, cuya ejecución quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento, debido a que su aplicación “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas”.

¿Qué pasará ahora con el financiamiento universitario?

Por último, el Gobierno nacional ratificó “su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender”, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y de asignación eficiente de los recursos del Estado. La Corte Suprema deberá ahora expedirse de manera definitiva sobre el recurso extraordinario.

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