El Gobierno les cerró la puerta a los rectores y las universidades ya hablan de un 2027 convulsionado

La quinta Marcha Federal Universitaria">quinta Marcha Federal Universitaria desde 2024 volvió a poner el financiamiento de las casas de estudio en el centro de la escena. Pero esta vez, a diferencia de las anteriores, el Gobierno no solo no movió su postura: la endureció. Fuentes oficiales fueron tajantes al asegurar que la protesta “no cambió nada” y que no hay ninguna negociación abierta con los rectores.

La jornada del jueves tuvo dos caras. Por un lado, una convocatoria que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estimó en un millón de personas en distintos puntos del país, con columnas de estudiantes, docentes, no docentes, autoridades y organizaciones sociales, políticas y sindicales. Por el otro, un cierre marcado por incidentes frente al Congreso entre manifestantes encapuchados y efectivos de seguridad, que terminó con más de 30 detenidos y una denuncia penal del Ministerio de Seguridad.

“De universitaria tuvo poco”

Desde la Casa Rosada calificaron la protesta como “claramente una marcha política” y apuntaron a la presencia de figuras del kirchnerismo, la izquierda y el sindicalismo duro. “De universitaria tuvo poco. Cuando ves las imágenes de los encapuchados enfrentándose con la policía, ahí no hay mucho universitario que digamos”, remarcaron fuentes oficiales a TN.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, redobló la apuesta: compartió un video de los disturbios y escribió con ironía: “Así los universitarios reclaman sus derechos. Como toda marcha política, puede embanderarse detrás de un reclamo genuino con el intento de generar un conflicto y mostrar una imagen de disturbio”.

El Gobierno también cuestionó la representatividad del CIN, hoy presidido por el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y sostuvo que en los palcos de la marcha hubo poca presencia de rectores.

Negociación “uno por uno” y la llave en Diputados

La estrategia oficial quedó explicitada en las últimas horas: nada de mesas de diálogo con el conjunto del sistema universitario. En cambio, el Ejecutivo asegura que trabajará las relaciones con cada rector “uno por uno”. Como muestra de esa nueva metodología, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió el miércoles junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a las nuevas autoridades de la Universidad de Tucumán.

Para el Gobierno, cualquier negociación pasa por la Cámara de Diputados, donde ya comenzó la discusión del Presupuesto 2027. Allí está el núcleo del conflicto: el proyecto oficial asigna cerca de $7,3 billones a las universidades, mientras que el CIN reclama más de $11 billones y ya presentó su propuesta en el Congreso.

“Los recursos son finitos, no podemos disponer de ellos de manera que no tenga una contrapartida o reflejo en el gasto. Hay una premisa en el Presupuesto, que es el equilibrio o el superávit fiscal”, repitieron desde Balcarce 50, al anticipar que buscarán los votos con los bloques aliados y los gobernadores.

“La universidad es una olla a presión”

Del otro lado, la preocupación crece. Una fuente de peso de la comunidad universitaria admitió que “hacia adelante hay mucha preocupación, en la medida que no aparezcan respuestas” y advirtió por los riesgos de una escalada del conflicto.

“Hoy no hay ningún diálogo. Esta semana demostraron, con la virulencia y todos los ataques, poca voluntad para dialogar”, enfatizó la fuente, que además apuntó contra la falta de interlocutores en el Gobierno: “Nadie se hace cargo”.

Entre las autoridades de las casas de estudio advierten un clima de tensión creciente y alertan sobre medidas de fuerza cada vez más drásticas. “La universidad es una olla a presión, es inevitable. Esto no arranca el año que viene si no se resuelve. Por condiciones objetivas salariales y materiales, y por el estado de ánimo de la comunidad universitaria”, explicaron a TN.

La pulseada judicial y la apuesta parlamentaria

El trasfondo del conflicto es la Ley de Financiamiento Universitario. Tras el veto presidencial y la insistencia de la oposición, el Gobierno la promulgó pero no la ejecuta hasta identificar las fuentes de financiamiento.

En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick dictó una cautelar para aplicar los artículos 5 y 6, que actualizan salarios y becas. La Cámara la ratificó, el Gobierno llevó el caso a la Corte Suprema y el 25 de junio el máximo tribunal rechazó el recurso por no estar dirigido contra una sentencia definitiva. Después, Cormick volvió a fallar, esta vez sobre el fondo, y ordenó cumplir toda la ley de inmediato. El Ministerio de Capital Humano apeló y la disputa sigue en los tribunales.

“Lo judicial va a llevar tiempo”, admiten en el sector universitario, donde ven que la apuesta más clara está en el Congreso. “Lo racional sería que incorporen la Ley de Financiamiento en el Presupuesto. Son 9,7 billones para cumplir con la ley. Cumplen con la ley y se resuelve el problema”, sintetizaron.

Por ahora el Gobierno no está dispuesto a tomar ese camino, pero las universidades confían en lograr la modificación con el apoyo de la oposición y algunos gobernadores, sobre todo los de Provincias Unidas. “Creemos que tenemos los números. A muchos les cuesta votar en contra de la universidad pública”, plantearon. Sin embargo, si no hay voluntad política del Ejecutivo, el Presidente podría vetar ese capítulo. “Y volvemos al principio”, lamentaron.

Las autoridades universitarias pujan por llegar a fin de año con alguna respuesta, ya sea por la vía judicial, parlamentaria o del Ejecutivo. De no conseguirla, advierten que 2027 será un año convulsionado en las casas de estudio de todo el país.