El Gobierno juega su carta más fuerte por Malvinas en un tribunal internacional
El Gobierno llevó la pelea por Malvinas a un tribunal internacional y el fallo podría cambiar las reglas del juego en el Atlántico Sur. Qué pidió Argentina y por qué los diplomáticos hablan de una apuesta arriesgada.
El Gobierno nacional dio un paso decisivo en la disputa por Malvinas: presentó un reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar la explotación de hidrocarburos que el Reino Unido lleva adelante en la Cuenca Malvinas Norte.
La movida fue confirmada por la Oficina del Presidente y apunta a dos objetivos: proteger los recursos naturales y evitar que las acciones británicas sigan escalando la disputa sobre las islas.
Qué pide la Argentina y en qué se apoya
El escrito solicita medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral definitivo. La base legal es el Artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, una herramienta que permite pedir la preservación de derechos o la prevención de daños antes de que el litigio de fondo avance.
Esta presentación se suma al proceso arbitral que el Gobierno había lanzado el 28 de septiembre de este año.
El comunicado oficial cierra con una frase firmada por el presidente Javier Milei: “La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.
El proyecto Sea Lion y el ultimátum que no prosperó
Según informó LA NACION, el reclamo fue gestionado por Mario Oyarzábal, director de la consejería legal internacional, después de que venciera el plazo de dos semanas que la diplomacia argentina le había dado al Reino Unido para detener el proyecto Sea Lion, operado por las empresas Rockhopper y Navitas.
La respuesta británica no se hizo esperar. Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, rechazó la intimación y aseguró que su país defenderá los derechos de “autonomía” de los habitantes de las islas.
La interna diplomática: una apuesta “arriesgada”
La decisión generó reparos entre diplomáticos consultados por LA NACION, que la calificaron como “arriesgada”. “Ir a un tribunal internacional puede ser muy tramposo”, advirtieron, y recordaron que gestiones anteriores evitaron esta vía por temor a un fallo adverso.
Desde Cancillería, en cambio, remarcaron que la intención es que intervengan árbitros independientes sin discutir la cuestión de fondo de la soberanía. “Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo”, afirmó el canciller Pablo Quirno.
Además, a través de su cuenta de X, el funcionario reiteró la invitación al Reino Unido a “retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”.
Qué es el Tratado del Mar
El fuero donde se radicó la demanda nace de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un tratado de 1982 que establece el marco jurídico para la administración de los océanos, el uso pacífico del mar y la gestión de sus recursos naturales.
Su aplicación integral cuenta con el respaldo de organismos especializados como la Organización Marítima Internacional y la División de Asuntos Oceánicos de la ONU.
En 2023, la normativa sumó el acuerdo BBNJ sobre “conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina”, que regula el reparto equitativo de los recursos genéticos marinos, la creación de áreas protegidas y las evaluaciones de impacto ambiental.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 13, 2026
