El Gobierno fueguino mueve ficha con los docentes: el proyecto que llega a la Legislatura

El Ejecutivo de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur dio un paso clave en su relación con el sector docente: presentó ante la Legislatura Provincial el proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo, una iniciativa que apunta a darle recursos específicos y sostenidos a la educación pública fueguina.

La movida se enmarca en los compromisos que el Gobierno asumió con los gremios docentes. De hecho, ya había decretado la Emergencia Salarial Docente y ahora suma esta herramienta con la que busca ordenar el financiamiento del sistema a largo plazo.

Un fondo exclusivo para la educación

El corazón del proyecto es la creación de un Fondo de Financiamiento Educativo, destinado exclusivamente al sistema provincial. Los recursos tendrán afectación específica y serán adicionales a los fondos que ya existen, con distintas fuentes de integración.

La iniciativa también fija prioridades claras a la hora de gastar. No menos del 50% deberá ir al fortalecimiento del salario docente; un piso del 25% se reserva para mantenimiento, servicios y mejora de la infraestructura escolar; y al menos un 15% se destinará a recursos, equipamiento tecnológico y herramientas didácticas para estudiantes y docentes. El porcentaje restante quedará para contingencias, necesidades tecnológicas o prioridades operativas.

La apuesta a largo plazo

Otro de los ejes centrales es la planificación. El proyecto plantea avanzar de manera progresiva, en un plazo máximo de cinco ejercicios fiscales, hacia una inversión consolidada en educación equivalente al 7,8% del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial, siempre contemplando las condiciones económicas y la disponibilidad efectiva de recursos de la Provincia.

De esta forma, el financiamiento educativo queda atado al crecimiento de la economía fueguina: a medida que la Provincia genere más actividad y riqueza, se establece un camino para fortalecer la inversión en educación.

La propuesta busca dar previsibilidad al sistema más allá de cada gestión de gobierno y sostener una política de Estado que contemple salarios, infraestructura, equipamiento y nuevas tecnologías.