El Gobierno extiende la emergencia eléctrica hasta 2027 y unifica plazos con la del gas: ¿qué busca?

El Gobierno prorrogó la emergencia eléctrica hasta 2027 y la unificó con la del gas. ¿Qué problemas persisten y cómo afecta a los usuarios? Los detalles del DNU que nadie contó.

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El Gobierno extiende la emergencia eléctrica hasta 2027 y unifica plazos con la del gas: ¿qué busca?

El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del sector eléctrico bajo jurisdicción federal, igualando la fecha de vencimiento que ya tenía el transporte y la distribución de gas natural. La medida, oficializada este lunes mediante el DNU 585/2026, fue firmada por el presidente Javier Milei y todo su Gabinete.

La decisión alcanza a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica, extendiendo el régimen excepcional que rige desde fines de 2023. Según el Ejecutivo, la prórroga es necesaria porque “persisten aún las circunstancias que motivaron” la emergencia y el proceso de normalización del mercado eléctrico aún no concluyó.

¿Por qué unificaron los plazos con la emergencia del gas?

El principal argumento del Gobierno es la interdependencia entre ambos sistemas. Señalaron que existe una “interdependencia operativa y económica” y que el gas es un insumo crítico para la generación térmica de electricidad. Por eso, consideraron “equiparar los plazos de vigencia” para “preservar la seguridad de abastecimiento y el funcionamiento integrado del sistema energético nacional”. La emergencia del gas ya había sido extendida hasta el 31 de diciembre de 2027 mediante el Decreto 49/2026.

Los problemas que aún afectan al sistema eléctrico

El decreto sostiene que “la mejora parcial de determinadas variables sectoriales no permite considerar superadas las causas” de la emergencia. Entre los datos técnicos, indicaron que en febrero de 2025 la demanda máxima fue de 30.257 megavatios, con un margen disponible de apenas 4,4%. Consideraron ese nivel insuficiente ante posibles fallas.

Además, advirtieron que el parque generador tiene “un alto grado de envejecimiento”, las estaciones transformadoras operan por encima del 90% de su capacidad y más del 60% de las fallas en distribución ocurren en alimentadores con más de 25 años de antigüedad.

En cuanto a la normalización financiera, la tasa de cobrabilidad de CAMMESA pasó del 48% (diciembre 2023) a casi el 97%, pero el Gobierno advierte que esa recuperación debe consolidarse y que una reversión podría comprometer pagos a generadores y transportistas, deteriorar la confianza inversora y recrear desequilibrios.

Otro punto clave es la reducción gradual de subsidios: en mayo de 2026, el Precio Estacional para hogares subsidiados representó apenas el 24% del precio de referencia. Para el Ejecutivo, esa brecha “debe ser atendida en forma gradual, previsible y focalizada”. La extensión de la emergencia permitirá avanzar hacia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y reducir los aportes extraordinarios del Tesoro.

Finalmente, el Gobierno advirtió que no prorrogar el régimen podría generar “discontinuidades regulatorias”, demoras operativas, menor previsibilidad para los agentes y mayores dificultades para las inversiones. Con esta decisión, el Ejecutivo conserva hasta 2027 la facultad de adoptar medidas regulatorias, contractuales, tarifarias y de infraestructura para sostener el sistema eléctrico.

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