El Gobierno detectó un patrón común en los countries y ahora apunta a nuevas provincias

La administración de Javier Milei avanza con su plan de recorte de subsidios energéticos y ahora pone la lupa sobre los barrios cerrados de todo el país. Después de aplicarlo en el AMBA, Puerto Madero y Córdoba, el Ejecutivo extendió el mecanismo a Neuquén y ya tiene en la mira a Mendoza y Santa Fe.

Este viernes se oficializó la medida en Neuquén, donde se estima que unos 500 usuarios de countries dejarán de recibir la asistencia estatal en sus facturas de luz y gas. La decisión se tomó después de que la Secretaría de Energía detectara que esos hogares, por su nivel socioeconómico, entran en la categoría de “zonas de manifiesta capacidad de pago”.

Qué pasó en el AMBA y Córdoba

El operativo ya había comenzado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, incluido Puerto Madero, y en Córdoba. Hasta el momento, la Secretaría de Energía rechazó 17.843 solicitudes de inscripción al registro de subsidios presentadas por residentes de countries en esas zonas.

Además, el organismo detectó que 1.508 números de documento intentaron anotarse entre dos y cinco veces desde julio de 2025 hasta ahora. Para cruzarlos, se usaron herramientas de geolocalización y se contrastó información con los entes reguladores y las empresas prestadoras de servicios.

La depuración del padrón

Pero el plan no se detiene ahí. El Gobierno también revisará el padrón general de beneficiarios y dará de baja cerca de un millón de solicitudes de inscripción al sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que, desde 2022, nunca se completaron o tenían datos erróneos.

Según fuentes oficiales, se trata de trámites “abandonados o duplicados”, que no recibían el subsidio. “No se le quita el subsidio a nadie que lo esté recibiendo”, aclararon. Para evitar errores, la Secretaría de Energía notificará al titular, le dará 60 días corridos para actualizar la información y, si no hay respuesta, lo dará de baja.

El esquema actual de subsidios

Hoy hay 16,5 millones de usuarios de electricidad en el país: 8,71 millones reciben algún tipo de subsidio y 7,82 millones pagan la tarifa completa. En gas, son 9,6 millones de usuarios y casi la mitad está asistida por el Estado.

La estrategia tiene un doble objetivo: bajar el gasto público y concentrar la ayuda en los hogares de menores ingresos. Desde principios de año, el régimen SEF reemplazó a las tres categorías anteriores por solo dos: hogares subsidiados y hogares que abonan el costo pleno.

Para acceder al subsidio, los ingresos familiares no deben superar las tres Canastas Básicas Totales (CBT), que según el Indec equivalen a $4.694.148 mensuales. Además, hay un tope de consumo subsidiado: en septiembre será de 200 kWh, mientras que en los meses más fríos el límite fue de 300 kWh.

En octubre pasado, el Gobierno recibió un préstamo de US$700 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para acompañar la transformación del esquema energético y asistir a los sectores más vulnerables.

De esta manera, el Ejecutivo busca profundizar la reducción de subsidios sin un recorte uniforme: retira el beneficio de forma progresiva a quienes considera que no lo necesitan y lo preserva para los hogares de bajos recursos.