El Gobierno de Río Negro impulsa un mega ente que controlará la luz y el agua: qué pasará con el EPRE
La unificación del control de la luz y el agua en un solo organismo está en juego en la Legislatura rionegrina. El proyecto, que disolvería el EPRE, define cómo se financiará y quién lo conducirá.
El Poder Ejecutivo rionegrino avanza con una iniciativa que promete reorganizar el control de los servicios esenciales en la provincia. La propuesta crea el Ente Regulador de Servicios y Concesiones, un organismo que concentraría la fiscalización de la electricidad y del agua potable, y que implicaría la disolución del actual Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).
Qué cambia con el nuevo organismo
Según el proyecto, el nuevo ente absorbería las competencias del EPRE y también las facultades de control y regulación del servicio de agua potable y desagües cloacales que hoy ejerce el Departamento Provincial de Aguas (DPA). La unificación busca tener un único organismo multisectorial que supervise las prestaciones eléctricas y el suministro de agua en todo el territorio rionegrino.
La iniciativa, que ya ingresó en la Legislatura provincial, plantea transferir al nuevo ente los bienes, el personal y las funciones que actualmente desempeñan los organismos que se disolverían.
Los fundamentos del proyecto
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que la medida responde a la necesidad de “dotar a la Provincia de Río Negro de una arquitectura institucional moderna, eficiente y robusta para el ejercicio de la función regulatoria”.
El texto también define cómo se financiará el organismo: los recursos provendrían de una tasa de inspección y control que los prestadores deberían abonar de forma anual. Ese cobro se calcularía de manera particular para cada empresa, tomando como referencia sus ingresos brutos del año anterior.
Cómo sería la conducción
El proyecto prevé que el ente sea dirigido por un Directorio de tres miembros, elegidos entre personas que acrediten antecedentes en la materia. Si la Legislatura aprueba la iniciativa, los designados durarían cuatro años en sus cargos y sus mandatos podrían renovarse de manera indefinida.
La iniciativa, que deberá ser tratada por el parlamento provincial, marca un cambio de rumbo en la regulación de los servicios públicos en Río Negro. La decisión final quedará en manos de los legisladores.
