El Gobierno de Mendoza puso reglas claras para la minería en tierras del Estado: ¿qué cambia?

El Ejecutivo provincial reglamentó el uso de inmuebles fiscales para la actividad minera, un paso que busca ordenar la relación entre los derechos mineros y el patrimonio estatal, brindando seguridad jurídica tanto al Estado como a los titulares de proyectos.

Tras un trabajo articulado entre la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado, Fiscalía de Estado y otros organismos, el Gobierno de Mendoza estableció criterios específicos para las minas de primera, segunda y tercera categoría que operan sobre terrenos públicos.

¿Qué establece la nueva reglamentación?

Las disposiciones definen con precisión los derechos y obligaciones asociados a cada etapa de la actividad minera. Así, se podrá saber con claridad cuándo un derecho minero está vigente, cuándo corresponde pagar una contraprestación por el uso de terrenos estatales y en qué condiciones esos inmuebles quedan afectados a la minería.

La norma incorpora un criterio de igualdad entre quienes explotan minerales en tierras del Estado y quienes lo hacen en propiedades privadas, evitando tratos diferenciales injustificados.

Canon de uso solo para explotación

Para las minas de primera y segunda categoría, el régimen establece un canon de uso que se aplica exclusivamente a proyectos que ya alcanzaron la etapa de explotación y utilizan inmuebles de dominio estatal. Las fases de prospección y exploración quedan exentas de este canon, con el objetivo de no sumar cargas económicas en las etapas de mayor riesgo y así incentivar la búsqueda de nuevos recursos.

Minería de tercera categoría: más transparencia

En el caso de las minas de tercera categoría ubicadas en terrenos estatales, se reglamentó el derecho de explotación previsto en el artículo 112 del Código de Procedimiento Minero de Mendoza. Se incorporaron parámetros objetivos vinculados a la producción, el mineral explotado y la superficie utilizada, junto con mecanismos de declaración y control que aportan transparencia y trazabilidad administrativa.

Las medidas fueron elaboradas con intervención de la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado, Fiscalía de Estado y otros organismos competentes, consolidando un marco normativo que combina seguridad jurídica, administración eficiente del patrimonio público e incentivos para el desarrollo de nuevas inversiones mineras en Mendoza.