El Gobierno congela la reforma tributaria y la guarda como promesa para 2027: qué pasará con los impuestos

El Gobierno decidió postergar el envío de la reforma tributaria al Congreso y ahora la reserva como uno de los ejes de campaña para un eventual segundo mandato de Javier Milei. La decisión, que ya circula en la Casa Rosada, responde a un argumento central: las cuentas públicas no ofrecen margen para una reducción estructural de impuestos sin comprometer el equilibrio fiscal.

La definición implica un nuevo corrimiento respecto de la hoja de ruta que el Ejecutivo manejó durante el último año y que incluyó un compromiso con el FMI de presentar el rediseño impositivo para fines de 2026. En Nación ya no trabajan con un escenario en el que el paquete integral llegue al Congreso, aunque mantienen el objetivo político de avanzar hacia una estructura con menos tributos y menor presión fiscal. "Seguramente como promesa", responden en el Gobierno ante la consulta sobre si quedará para después de las elecciones.

¿Por qué el Gobierno frena la reforma?

El argumento central es fiscal. El último resultado oficial disponible, correspondiente a julio, muestra que el Sector Público Nacional acumuló en los primeros siete meses un superávit primario cercano al 0,9% del PBI, pero el financiero, una vez pagados los intereses de la deuda, fue de apenas 0,1%. En julio, el resultado primario fue positivo en $2,96 billones y el financiero cerró con un excedente de $244.897 millones.

La evolución mensual revela un equilibrio con poco margen para absorber una pérdida permanente de recaudación. El Gobierno registró superávit financiero por $1,105 billones en enero, $144.421 millones en febrero, $484.789 millones en marzo, $268.103 millones en abril y $478.613 millones en mayo. En junio, en cambio, hubo un déficit de $1,025 billones, aunque julio volvió a cerrar en terreno positivo.

El resultado de enero tuvo además un componente extraordinario: parte de los ingresos correspondieron a la licitación para la operación privada de centrales hidroeléctricas. Sin esos recursos de capital, el superávit financiero de ese mes habría sido de apenas $65.256 millones. Ese dato refuerza la cautela del Ejecutivo para comprometer bajas permanentes de impuestos sobre la base de ingresos que no necesariamente se repiten.

En julio, los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron $17,09 billones y crecieron 30,4% interanual, mientras el gasto primario fue de $14,13 billones y aumentó 24,4%. Los recursos tributarios crecieron 29,6%. El resultado positivo dependió de que el gasto avanzara a un ritmo menor que los ingresos, además del calendario de pagos e intereses.

El Gobierno tiene además una obligación por ley de preservar el equilibrio de las cuentas durante todo 2026. El Presupuesto vigente establece que la ejecución de la Administración Nacional debe terminar el ejercicio con resultado financiero equilibrado o superavitario, y proyectó originalmente un excedente de $2,734 billones. Para Economía, reducir de forma permanente impuestos de alta recaudación requiere primero generar un colchón fiscal que permita compensar esa pérdida.

Qué se había pensado y qué quedó en el camino

La discusión técnica llegó a incluir una simplificación del IVA, cambios en Ganancias, una reforma del Monotributo, la eliminación gradual de Bienes Personales y la transformación del impuesto al cheque en un pago a cuenta hasta su desaparición. También aparecieron propuestas para bajar retenciones y coordinar con las provincias cambios sobre Ingresos Brutos y tasas municipales.

La estrategia fue perdiendo alcance con el correr de los meses. A fines de 2025, la Casa Rosada evaluaba dividir la reforma en distintos proyectos para distribuir el costo fiscal y avanzar de forma progresiva durante 2026 y 2027. En marzo, ya condicionaba cualquier modificación de fondo a una recuperación de la actividad y la recaudación, y durante el segundo trimestre dejó de existir un calendario concreto para enviar un paquete integral.

El propio Luis Caputo vinculó públicamente las futuras bajas de impuestos con la generación de un superávit mayor a partir del crecimiento y la formalización de la economía. En junio afirmó que un aumento de la actividad y de la formalidad, con el gasto constante, debía generar los recursos adicionales necesarios para seguir reduciendo la carga tributaria.

Eso no significa que el Gobierno haya descartado nuevas reducciones puntuales durante 2027. Economía ya fijó, por ejemplo, un sendero de disminución de derechos de exportación para distintos productos agropecuarios y mantiene la eliminación progresiva de retenciones industriales. Caputo sostuvo que la eliminación completa de los derechos de exportación forma parte del objetivo de un eventual segundo mandato.

La diferencia que hacen en Nación es entre esas rebajas sectoriales y una reforma estructural que modifique simultáneamente los principales impuestos nacionales. El impuesto a los débitos y créditos, el IVA y Ganancias tienen un peso relevante sobre los recursos del Estado y su modificación exige definir qué gasto se recorta, qué bases se amplían o qué ingresos alternativos compensan la pérdida.

A ese problema se agrega la dimensión federal de la reforma. La Casa Rosada pretende que cualquier rediseño amplio esté acompañado por reducciones de Ingresos Brutos y tasas municipales, lo que obliga a cerrar un acuerdo con gobernadores e intendentes. El Consejo de Mayo dejó incluso fuera de su propuesta central una reforma de la coparticipación por considerar que su complejidad requiere la participación específica de todas las provincias.

La prioridad será preservar el superávit, ejecutar las reducciones impositivas que ya tienen un sendero definido y utilizar cualquier mejora adicional de la recaudación para profundizar bajas puntuales sin poner en riesgo las cuentas públicas.